La ley que no se publica

Inversiones, Cambios, Economía

La ley que no se publica
La discrecionalidad y las prohibiciones son dos lastres de una nueva ley
de inversiones sometida a las "traducciones" de algunos funcionarios cubanos
Marlene Azor Hernández, México DF | 14/04/2014 10:04 am

Bastaba publicar la ley y el reglamento que la acompaña —aprobada ya por
el parlamento— para dejar razonar a todos, los inversores y los
trabajadores, sobre las ventajas y desventajas de la ley. Pero con la
habitual opacidad que caracteriza al gobierno cubano, y su aberrante
temor a la "masa crítica" informada, pospone su publicación hasta junio
parece ser, y se discute sobre la ley a partir de las "traducciones" de
distintos funcionarios.
Con un gran optimismo podríamos pensar que su no publicación se debe a
que están arreglando los desatinos que han detectado los que han tenido
acceso al borrador de la ley y que no son funcionarios del gobierno. En
esa dirección apunta el artículo de Jorge Gómez Barata ¿Por qué una ley
de Inversión Extranjera y no una ley de Inversiones?[1] Con una visión
menos optimista la posposición de la publicación se debe a que hay que
sortear o "domesticar" una opinión pública interna y externa que
constata el "olvido" de los derechos de los trabajadores cubanos y de
los inversores cubanos y extranjeros interesados en las PYMES no
estatales cubanas.
En el Granma, del 09/04/2014, aparece una reseña del intercambio de la
prensa nacional con la directora general de la Inversión Extranjera del
MINCEX, Deborah Rivas Saavedra, que es la más reciente "traducción" de
la ley por funcionarios cubanos.
Discrecionalidad de una ley no publicada
Aludiendo a los sectores en los cuales no se permitirá la inversión
extranjera se agrega por la
funcionaria "como tampoco es definitorio el monto del capital que se
desee invertir siempre y cuando este responda a las verdaderas
necesidades del país, representadas con un proyecto atractivo y
concreto" ¿Quién define si responde a las verdaderas necesidades del país?
En el actual contexto cubano y con las declaraciones del
General/Presidente y de Marino Murillo, —jefe de la comisión de
implementación de los Lineamientos—, sobre la empresa estatal "de todo
el pueblo"(sic) como la forma fundamental y priorizada en el modelo
económico cubano, y agregando la aclaración del canciller Bruno
Rodríguez Padilla en su encuentro con el grupo CAFÉ, sobre el interés
del gobierno cubano en las inversiones millonarias; las declaraciones de
Rivas quedan en ese nebuloso espacio de la discrecionalidad en
detrimento de las inversiones en micro, pequeñas y medianas empresas.
Las pequeñas inversiones de los cubanos en el exterior a través de sus
familiares en Cuba siguen en esta nebulosa de la discrecionalidad porque
se les permite pero no se les legaliza en la ley.
En el propio Granma, se ha publicado la "traducción" de otros
funcionarios intercambiando con preguntas de los lectores[2] en el cual
se aclara que no se reconoce a los cuentapropistas como personas
jurídicas sino "naturales" por lo tanto no pueden participar
directamente con inversores extranjeros y con respecto a las
cooperativas queda la discrecionalidad de nuevo sobre si le interesa o
no al gobierno. Entre la prohibición y la discrecionalidad las micro
empresas y las pequeñas empresas quedan junto a las cooperativas, o
prohibidas abiertamente en el caso de las primeras o aceptadas en
dependencia de los intereses del gobierno que es el que se erige en
decidir sobre las verdaderas necesidades del país. En otras palabras, lo
que será en pocos años más del 50 % del empleo en el país, individual y
cooperativas, no tiene derecho a intercambiar directamente con la
inversión extranjera. Otra vez, en el contexto cubano, las formas no
estatales tienen numerosos impuestos, ausencia de verdaderos mercados
mayoristas, insuficientes créditos, y trabas estatales a su gestión que
en la caso de las empresas agropecuarias alcanza a un 75 % de venta
obligatoria a Acopio, muy por debajo de los precios del mercado y según
el economista Armando Nova[3]. En este contexto la ley discrimina y falla.
Otra discrecionalidad de la ley a la que se refiere la funcionaria Rivas
Saavedra es con respecto a las inversiones de los cubanos residentes en
el exterior. Nos dice: "No se distingue el origen del capital. Nosotros
somos los que decidimos qué queremos hacer, y no al contrario. Tenemos
que guiar nuestro desarrollo en cualquier caso." Lo que no aclara la
funcionaria es que según otros funcionarios, la anterior y la nueva ley
se mantiene igual en no discriminar el origen de la inversión pero a la
vez no se conoce ningún caso de cubano aprobado para invertir en Cuba,
desde 1995 cuando se aprobó la anterior ley y hasta la actualidad. Según
las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior no se prohíben pero
tampoco se estimulan. De tal manera, la posibilidad de invertir para los
cubanos en el exterior sigue bajo una decisión discrecional. Siempre
según las declaraciones de los funcionarios.
Prohibiciones
Además de prohibir a los cuentapropistas y mantener una discrecionalidad
sobre las cooperativas que podrán algunas formar parte de los "elegidos"
para la inversión extranjera, asombra la imposición de mantener las
empleadoras estatales para contratar a los trabajadores de las empresas
mixtas o de capital extranjero. Frente a las inquietudes de los
comentaristas en Granma.cu, los periodistas señalan: "Con respecto a las
agencias empleadoras, la funcionaria acotó además que estas no son
privativas de Cuba y a diferencia de las anteriores, las cuales tenían
un fin recaudatorio, con la nueva Ley el principio rector de estas
entidades no es recaudar, sino brindar un mejor servicio a los
inversionistas". Más adelante se comenta sobre ACOREC la tradicional
empresa empleadora estatal para empresas extranjeras en Cuba y se define
que las nuevas serán diferentes. Hay que recordar que ACOREC en los años
90s y con absoluta opacidad se quedaba con el 98 % del salario de los
empleados por ella. La intención actual parece disminuir "el diezmo"
hacia el Estado pero no existe ninguna garantía de que no siga
imponiendo un sustancial impuesto sobre el salario a los trabajadores
empleados por las nuevas empleadoras.
Que sea un 15 % o un 30 % sobre el salario, de lo cual se apropie la
empleadora estatal o simplemente un 5 %, la existencia de las
empleadoras cubanas son en sí mismo aberrantes porque a diferencia de
las empleadoras en el capitalismo, que no sustraen una parte del salario
mensual ni ejercen un filtro político ideológico como parte del filtro
de "la idoneidad", y a las cuales el trabajador decide si quiere
contratarlas o no, las empleadoras cubanas serán un nuevo organismo
impuesto que además se seguirá apropiando de los derechos políticos y
económicos del trabajador cubano, negociando ella y no el trabajador su
salario y su "idoneidad" e imponiéndole un impuesto al margen del
interés del trabajador mientras esté empleado. Nada de eso hacen las
empleadoras en el capitalismo.
El Estado quiere seguir teniendo súbditos y no ciudadanos, aunque el
desafortunado Ramiro Valdés, siga pensando y se lamente de que la
población cubana: "son pichones con el pico abierto esperando por papá
Estado" ¿De quién es la contradicción, la falta de respeto y la
incoherencia?

[1] En Havana Times 07/04/2014.
[2] "Funcionarios del Comercio Exterior dialogaron con lectores de
Granma.cu", en Granma 31 de marzo del 2014.
[3] "Razones porque el agro cubano no avanza" en Havana Times, 19 de
diciembre 2013.

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