Nuevas regulaciones para las viviendas en Cuba

Nuevas regulaciones para las viviendas en Cuba
A la venta 16.887 viviendas sociales en ejecución a ciudadanos de la
Isla, que puedan pagar el valor de transferencia del inmueble y deben
terminarlo dentro de cinco años
Agencias, Madrid | 12/04/2017 4:33 pm

Cuba anunció el martes nuevas regulaciones para el sector de la vivienda
en la Isla, uno de los más deprimidos y con precios prohibitivos para el
cubano medio, que ahora podrá adquirir casas sin terminar o legalizar
viviendas construidas sin la documentación establecida, informa la
agencia Efe.
Las regulaciones, publicadas el martes en la Gaceta Oficial de la
República, se deben a la necesidad de ajustar las nuevas políticas del
Gobierno cubano a las "circunstancias actuales", proceso que forma parte
de las reformas impulsadas por el gobernante Raúl Castro en su afán de
"actualizar el modelo económico cubano".
En las normativas destaca la venta "por una única vez" de 16.887
viviendas sociales en ejecución a ciudadanos de la Isla, que puedan
pagar el valor de transferencia del inmueble y lo terminen dentro de
cinco años, periodo en el que se deberán habilitar y legalizar las
viviendas.
De no cumplirse el plazo, el inmueble regresará al Estado, que devolverá
al beneficiado el dinero pagado hasta el momento, explica el diario
estatal Granma en un extenso artículo.
La cobertura habitacional es uno de los temas más sensibles en la Isla,
que desde hace décadas solo construye nuevas viviendas sociales para
afectados por los frecuentes huracanes que azotan el país caribeño o
damnificados por derrumbes debido al mal estado de algunos edificios.
La crisis extrema en la que se sumió Cuba tras la desaparición de la
Unión Soviética, a inicios de la década de 1990, provocó que miles de
viviendas quedaran a medio terminar por toda la Isla, reduciendo las
posibilidades de los cubanos de adquirir inmuebles a precios controlados.
Después de cinco décadas de prohibiciones, el Gobierno cubano autorizó
en noviembre del 2011 la compraventa, permuta, donación y adjudicación
de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país,
en gran medida para reordenar un sector marcado por las ilegalidades.
Debido al incremento de la población, la escasez de inmuebles y a pesar
de las normas que fijaron el valor legal de la compraventa, los precios
de las viviendas se han disparado hasta sumas prohibitivas para el
bolsillo de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Isla, con un
salario medio de cerca de $25.
Muchos cubanos no declaran el monto real de la operación para evadir el
tributo del 4% sobre el monto de la compraventa, por lo que el Estado
decidió ahora establecer un valor referencial de las viviendas solo para
el cálculo del pago de impuestos.
El monto referencial no será el valor legal del inmueble y solo se usará
para los cálculos complementarios.
Este valor de referencia no tendrá que ser fijado por personal
especializado y se determinará teniendo en cuenta aspectos como la
cantidad de habitaciones, su localización, el tipo de construcción y las
facilidades urbanísticas.
Esta disposición legal solo se aplicará a la compraventa, y no serán
afectadas las operaciones de transferencia por donación familiar, por
herencia o liquidación de bienes por divorcio, que mantendrán el valor
legal como base para el impuesto.
Las nuevas regulaciones establecen también que todo el propietario que
desee vender una vivienda asignada por el Estado o construida mediante
subsidios, deberá reintegrar al Presupuesto Estatal el monto total del
beneficio recibido, si la operación tiene lugar en los primeros 15 años
a partir de la adquisición.
Así, Cuba reconoce "casos de beneficiados que con afán de lucro han
vendido sus viviendas a altos precios, desvirtuando el objetivo social
de resolver sus problemas habitacionales", según Granma.
Asimismo, en adelante y de manera excepcional, podrán legalizar su
situación los 20.021 afectados por huracanes que construyeron sus
hogares o comenzaron las reparaciones sin tener la documentación
establecida, lo cual les permitirá ser elegibles para subsidios.
El Gobierno cubano anunció además cambios en las pautas para otorgar
beneficios en este sentido y la extensión del período de respuesta a las
solicitudes de 45 a 70 días hábiles.
Ante la gran cantidad de solicitudes de subsidios, en lo adelante se
establecerán dos oportunidades al año como mínimo para la recepción de
peticiones de este tipo, teniendo en cuenta el presupuesto disponible.

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