Vivir en un limbo jurídico

Vivir en un limbo jurídico
23 noviembre, 2016 11:52 am por Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello (PD) Las paladares han encontrado
un tropiezo estatal. Pero aunque son los más afectados en estos
momentos, no son los únicos negocios particulares sobre los cuales ha
retrocedido el régimen, que como siempre ha caído en el consabido "ahora
sí, ahora no".

Otros trabajos privados también han sido afectados, aunque no se haya
dicho algo de forma pública, pero los hechos están ahí, a la vista de todos.

En el municipio Güira de Melena, de la provincia Artemisa, Saimy Frómeta
Borges, de 42 años, que reside en la Avenida 91 #9212, fue perjudicado a
pesar de estar cumpliendo lo establecido en la ley.

Ha sido objeto en reiteradas ocasione de violaciones a sus derechos
ciudadanos, incluyendo un arresto por diez días, del cual pudo ser
liberado bajo una fianza de 1 000 cup, por un delito que nunca cometió:
Actividad Económica Ilícita.

Saimy –que es un hombre de la raza negra- se considera víctima de un
atropello judicial, porque cuenta con toda la documentación que lo
acredita como "elaborador-vendedor de alimentos de forma ambulatoria",
expedido por el Ministerio de Trabajo. Tiene los recibos de los pagos
efectuados a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT)
por más de dos años de ejercicio de esta actividad.

Pudo mostrar los comprobantes de las TRD (red de tiendas de divisas) que
prueban la legal adquisición de la materia prima con la que elabora los
dulces que vende.

Pero nada de esto fue analizado y tenido en cuenta por los
investigadores policiales y la fiscalía municipal en el momento de su
detención.

Agregó el afectado que le fueron decomisadas y destruidas todas las
herramientas de trabajo sin verificación alguna, incluyendo el horno que
utilizaba, que fue cortado en dos.

Adicionalmente a todo esto, ahora enfrenta un injusto proceso penal por
el cual lo pueden sancionar hasta a dos años de privación de libertad.

Se refirió a lo infructuoso que resulta realizar una reclamación ante
los organismos centrales del Estado, ya que presentó queja y copia de
toda la documentación legal de su ejercicio en la oficina de atención a
la ciudadanía del Consejo de Estado y ha sido en vano.

La situación comenzó cuando se personó la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) en su casa y le pidió el carné de cuentapropista
que se lo había llevado un inspector de la ONAT que con antelación lo
había visitado.

A pesar de que él tenía todos los documentos en orden, no les interesó
que se los mostrara, sólo el carné que no tenía y por lo tanto le
decomisaron los instrumentos de trabajo. Entre ellos, todas las cubetas
donde almacenaba el agua y un tanque que tenía en su casa desde el año
1980, porque dijeron que era robado. Explica el afectado que ahora no
tiene recipiente para almacenar agua en la casa, en un pueblo en el que
realmente casi nunca hay agua.

Ahora, este señor se encuentra en un limbo jurídico, pues cuenta que con
el paso de los días no ha recibido alguna notificación de la fiscalía
para esclarecer el caso, y tampoco le ha sido devuelto el efectivo
depositado en fianza.

¿Qué puede hacer? ¿A quién se puede dirigir? Las respuestas son muy
sencillas: nada puede hacer y no va a encontrar alguien que lo oiga. En
Cuba hay una gran cantidad de personas que se encuentran en ese mismo
limbo jurídico.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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