Envejece la Ley de Ajuste - el rescate republicano

Envejece la Ley de Ajuste: el rescate republicano
Los problemas comienzan cuando se trata de coincidir una visión
arraigada en Miami con otra formada de acuerdo a los acontecimientos
internacionales
Alejandro Armengol, Miami | 13/01/2016 8:28 pm

Tanto el proyecto del aspirante presidencial y senador Marco Rubio, como
el del representante Carlos Curbelo —ambos legisladores por la Florida y
ambos republicanos—, para tratar de "modificar" la Ley de Ajuste Cubano,
parten de igual equívoco: la legislación no es una medida para regular
el asilo político. A tal efecto, existen otras leyes en Estados Unidos.
En los dos casos, los políticos no solo buscan igual objetivo sino
quieren convertir en realidad la misma falacia: quienes huyen de Cuba
escapan de una persecución política, entendida en términos legales de
tal naturaleza que justificaría —ante la visión del mundo o al menos a
los ojos no solo de Miami sino de Estados Unidos— la concesión de refugio.
Los problemas comienzan cuando se trata de coincidir una visión
arraigada en Miami con otra formada de acuerdo a los acontecimientos
internacionales. Rubio y Curbelo lo están intentando, y sus esfuerzos
evidencian esa dualidad que les obliga a ir más allá de infancia, patio
de escuela y recuerdos de los padres. Son políticos nacidos en este país
que saben que su futuro trasciende Hialeah y la Calle 8 —eso ya lo han
logrado—, pero al mismo tiempo esa dualidad adquiere un carácter
esquizofrénico al intentar quedar bien con el llamado "exilio
histórico", del que surgieron, y la proyección nacional que ya han
alcanzado.
Así el representante Curbelo se lanza en un proyecto legislativo que
arrebata a los cubanos la excepcionalidad que han disfrutado por
décadas, mientras el senador Rubio quiere eliminar "las lagunas y los
incentivos financieros" existentes por largos años en la ley, sin que
hasta ahora al parecer nadie se diera cuenta de ellos.
La clave, sin embargo, radica en que si la Ley de Ajuste Cubano sirviera
para beneficiar exclusivamente "aquellos cubanos que están
verdaderamente huyendo de la represión y persecución política", su
puesta en práctica quedaría limitada a un número muy reducido de casos.
Hay razones para creer que un sector de la comunidad exiliada cubana
piensa así. Considera que ha concluido la época de los exiliados
políticos y que quienes llegan ahora y luego de algo más de un año
comienzan a tramitar su viaje de visita a Cuba, tras regularizar su
situación migratoria, son en verdad inmigrantes económicos. Es por ello
que desde hace tiempo los reproches, las dudas, los reclamos y las
críticas hacia los nuevo exiliados —desde el punto de vista político o
mejor anticastrista— vienen acumulándose. Ahora se concentran en la Ley
de Ajuste.
Detrás de todo ello hay dos procesos inversos, que por décadas vienen
gestándose en la comunidad exiliada de EEUU, especialmente en Miami. En
ellos se incluyen las diversas oleadas migratorias hasta la Crisis de
los Balseros, pasando por el fundamental puente Mariel-Cayo Hueso. Hasta
la entrada en vigencia del cambio en la ley migratoria cubana, en enero
de 2013, la salida de Cuba tenía un carácter definitivo, otorgado por el
Gobierno de La Habana. Irse del país significaba una división tajante
entre "los que se van" y "los que se quedan". Ello no implicaba la
ausencia de visitas a Cuba desde Miami, porque precisamente fue la
aceptación, por parte del régimen, de la existencia de una comunidad
cubana en el exterior —el paso de "gusanos a mariposas"— el preámbulo a
los acontecimientos que culminaron en el éxodo del Mariel. Pero esta
ecuación se caracterizaba en términos absolutos, en que la partida se
definía como desarraigo. Ya a partir de la segundad mitad de la década
de 1990 esa división comenzó a perder su naturaleza absoluta. Lo que ha
pasado en los últimos años es que la separación ha dejado de ser
tajante. Los factores familiares ahora ocupan la preponderancia que en
una época tuvo la política y el quedarse a vivir definitivamente en el
exterior a pasado a ser una decisión personal que no implica el
destierro, aunque en ella influyan o determinen factores políticos. Si
por muchos años el mantra repetido durante la temporada navideña
—primero reclamo, luego esperanza, ilusión, burla e ironía— fue "el
próximo año, en Cuba o La Habana" ahora ha perdido sentido para muchos o
se ha transformado en simple resignación: tramitar pasaporte, pagar un
boleto de avión con precio excesivo, regresar por unos días. La línea
definitoria sigue siendo que se vuelve pero no se regresa. Sin embargo,
el criterio no es fácil de defender a la hora de apelar a los beneficios
políticos. Como saben en Israel, la condición de pueblo nómada se
justifica a través de la historia, pero para las reclamaciones hace
falta un Estado atrás que las sustente.
En el caso cubano, la consecuencia ha sido una vaporización de fronteras
en que cada parte busca un arreglo acorde a las circunstancias. Para
quienes han llegado en los últimos años a EEUU, el camino hacia una
nueva vida no elude la vuelta o el viaje más o menos constante al lugar
de origen, porque tienen a su favor la geografía y el tiempo. Ello
conlleva una relativización de conceptos, que choca con el absolutismo
que por décadas imperó en Miami (y cuyo único refugio actual es
afianzarse en una ética estricta, proclamada pero pocas veces practicada).
Así que los legisladores republicanos cubanoamericanos se aferran a la
difícil tarea de meter en el mismo saco una posición rígida y una
situación cambiante. Hablan de que la Ley de Ajuste Cubano debe
preservarse para quienes sufren persecución política en Cuba, y
posiblemente durante ese mismo discurso o al poco tiempo se reúnen con
un opositor cubano que entra y sale del país y acumula sus merecidas
horas de vuelo durante los más diversos recorridos por el mundo, lo que
lleva al menos a dos cuestionamientos posibles: la efectividad de la
oposición o la tolerancia del Gobierno. Pregonan los mismos fundamentos
de quienes los precedieron o acompañan —desde el punto de vista
partidista, político e ideológico— en la labor legislativa, al tiempo
que mantienen un piadoso silencio sobre las actuaciones que hicieron
posible la situación actual: una enmienda de 1980 a la ley permite a los
inmigrantes cubanos, independientemente de sus razones para abandonar la
Isla, el acceso al Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados. O
crean —para no fatigar en exceso con el rosario de sinrazones— un
binomio con los políticos locales, también republicanos, para el
enunciado de lamentos y reproches, y alzan sus voces sobre la posible
crisis a desatarse en Miami si siguen llegando nuevos inmigrantes, y
omiten igualmente que el financiamiento de dichos programas de ayuda se
cubre a través del presupuesto federal.
Nada de lo anterior impediría una defensa de la Ley de Ajuste Cubano
bajos criterios más amplios, en los que no entraría para nada la
necesidad de conceptualizar a quienes emigran de Cuba bajo una estrecha
premisa política —el criterio de persecución, más allá de las calles de
esta ciudad, implica mucho más que hablar de "golpizas" como quien
repite consignas— y destacar en su lugar un panorama de opresión, falta
de futuro y limitantes de todo tipo; solo que entonces la distinción de
las víctimas también enfrenta una larga relación de naciones y pueblos.
Los inconvenientes que un enfoque así acarrea, paro los legisladores
cubanoamericanos, son muchos: En primer lugar, aunque no los despoja los
aligera de su recurso favorito: concentrar la discusión sobre el caso
cubano en la dicotomía represión-oposición. En segundo —y quizá más
poderoso—, que al dejar de ser víctimas del régimen y disfrutar de la
libertad y una entrada de recursos económicos decentes, los que fueron
refugiados pasan a ser dueños de sus destinos y ejercen sus opciones,
entre las cuales se encuentran el viajar de visita y gastar dinero en el
lugar de donde salieron huyendo; una posibilidad que entra de lleno en
conflicto con la idea caduca —pero perenne en la mente de los
legisladores republicanos cubanoamericanos— de que el último refugio de
la táctica anticastrista para acabar con el régimen es mediante la falta
de todo en la población.
Por último dichos legisladores aún cuentan con la posibilidad de no
hacer nada para modificar el Ajuste, pero es lógico que prefieran
intentar cualquier cosa antes de mantenerse impávidos ante una
transformación demográfica en la ciudad —posiblemente su futuro
electorado o parte del mismo— que representa un cambio en el mundo donde
no nacieron, pero del cual surgieron.
Es por ello que se empecinan en intentar detener, o al menos restarle
impulso a esta transformación. Lo cual es muy acorde, por otra parte, al
punto de vista que buscan trasmitir sobre lo que ocurre en Cuba.
Contradicción de contradicciones, que se resuelve en cambiar la ley para
intentar de que Miami siga igual.
Claro que nada sigue igual, ni en Miami ni en Cuba.
El aferrarse a la visión de que la situación en la Isla se mantiene
inalterable —lo que a sus ojos justifica no cambiar la estrategia hacia
La Habana y rechazar los esfuerzos de la Casa Blanca— obliga a mantener
una actitud que desconoce que hay vigente una nueva política migratoria
por parte del Gobierno cubano; que los métodos represivos han cambiado,
aunque la represión permanece; y que quienes representan, según esos
mismos legisladores, a la "verdadera oposición" en Cuba, son viajeros
frecuentes. Todo eso está muy bien para la satisfacción de su
obstinación. Pero entonces, ¿por qué cambiar la Ley de Ajuste Cubano?


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