Un asunto de leyes

Un asunto de leyes
MIRIAM CELAYA, La Habana | Noviembre 24, 2015

La crisis en que ha desembocado por estos días el atasco de más de 2.000
cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua vuelve a colocar en
la palestra pública el tema del incesante flujo de emigrantes desde Cuba
hasta EE UU, creando colateralmente una delicada situación diplomática
entre las dos naciones centroamericanas.

Tardíamente, como suele reaccionar el Gobierno de la Isla ante
situaciones que le atañen y preferiría evadir, el Ministerio de
Relaciones Exteriores ha publicado una declaración donde atribuye toda
la causa del éxodo de los nacionales a la Ley de Ajuste Cubano y a la
política de "pies secos/pies mojados" que aplican las autoridades de EE
UU a los que huyen de la Isla.

En síntesis, en la versión oficial cubana la responsabilidad de la
creciente marea migratoria desde Cuba hacia ese país pertenece por
entero a la Administración estadounidense, que está poniendo en riesgo
el proceso de acercamiento y diálogo entre ambos Gobiernos, iniciado en
diciembre de 2014.

Con el rampante desprecio que le inspira este pueblo, el poder vuelve a
dejar de lado el drama humano que supone la emigración: he aquí que una
potencia extranjera esgrime una ley que provoca en los cubanos el
impulso irrefrenable de lanzarse a la aventura de una travesía incierta
y peligrosa. Esta cuestión atribuye a los centenares de miles de cubanos
que emigran a EE UU, o aspiran a hacerlo, una lamentable incapacidad
para razonar por sí mismos, y que –paradójicamente– pone en entredicho
la muy cacareada soberanía nacional, toda vez que asume una ley
establecida por un poder extranjero como condición necesaria y
suficiente para provocar lo que se está convirtiendo en un vaciado
gradual y constante de la Isla.

Por su parte, los ventrílocuos de la prensa oficial han recibido la
orden de hacer el coro a sus patrones, por lo que han comenzado a
aparecer los muy sagaces comentarios de sus analistas, tanto en los
espacios informativos de televisión como en la prensa plana. Para el
periodismo de los Castro todos los recursos son válidos, desde el más
grosero cinismo que escarnece a los cubanos y hace burla de la desdicha
nacional que implica esta fuga infinita ("El que tiene 15.000 dólares
para pagar un traficante no huye de la pobreza", comentario del
alabardero Oliver Zamora frente a las cámaras del Noticiero Nacional de
Televisión, emisión estelar del pasado viernes), hasta el más
reduccionista, extemporáneo y manipulador artículo de "opinión" ( "Ley
de Ajuste Cubano. De la escapada a la estocada", Ricardo Ronquillo,
Juventud Rebelde del pasado domingo).

Ambos servidores se apegan al guion del amo, que señala la Ley de Ajuste
–promulgada y puesta en vigor desde 1966– como causa y continuidad del
problema, y en ese aspecto se sustenta toda la defensa del Gobierno, lo
que motiva aceptar el reto de debatir desde el ángulo legalista.

Así, pues, aceptando que dicha ley incide en alguna medida en el éxodo
cubano, y dejando piadosamente de lado el detalle de que uno de los
mayores beneficiados de ésta es precisamente el Gobierno de la Isla –que
cada año ve engrosar sus arcas con el diezmo inmisericorde que aplica a
las remesas que los emigrados envían a sus familiares en Cuba–, resulta
incuestionable que está en manos de las autoridades cubanas resolver el
asunto también desde la perspectiva legal, esto es, renovando las leyes
dentro de nuestro país.

Los poderes omnímodos del régimen cubano lo colocan en una posición
privilegiada a la hora de legislar, puesto que el General-Presidente no
precisa consultar a nadie ni contar con la aprobación de ningún poder
paralelo para dictar leyes a su arbitrio. Si Castro II quiere derrotar
el formidable poder que atribuye a la Ley de Ajuste y si quiere salvar
la humillación inconfesable de que esa ley extranjera tenga mayor
capacidad de convocatoria para los cubanos que el discurso
revolucionario de más de medio siglo, debería hacer profundas
transformaciones legales a favor de los gobernados, de manera que estos
se beneficien con las leyes propias y no con las ajenas.

Por ejemplo, podría revisarse la Ley de Inversión Extranjera y
reconocerse a los nacionales el derecho a invertir capital en su propio
país. Ya que, como afirma Oliver Zamora, los cubanos no huyen de la
pobreza puesto que cuentan con capital para pagar traficantes, es lógico
ofrecerles la posibilidad de invertir ese dinero de una mejor manera, en
su propio país. De paso, se podrían flexibilizar las leyes para
establecer impuestos blandos a los inversores nacionales, ofrecerles
créditos con bajos intereses y largos plazos y promulgar disposiciones
arancelarias favorables a las importaciones para mejor desempeño de sus
negocios.

Podría también revisarse el nuevo Código Laboral y reconocer a los
trabajadores cubanos el derecho a huelga, a la libre sindicalización y a
la libre contratación; dictar una nueva reforma agraria que ponga la
propiedad de las tierras en manos de los productores que la trabajan;
declarar ilimitado el tiempo que los cubanos pueden permanecer en el
extranjero sin perder el derecho a regresar a su país natal cuando así
lo decidan; derogar las disposiciones que establecen la pérdida de la
nacionalidad y reconocer el pleno derecho de todos los cubanos,
residentes o no en Cuba, a entrar y salir del territorio nacional y a
participar en las elecciones del país.

Otras cuestiones de corte legal que dependen por completo de la voluntad
del Gobierno cubano y no del estadounidense son las relativas a la
consagración de esos derechos inmanentes a las sociedades democráticas,
como son la libertad de expresión, de opinión y de prensa, y el
pluripartidismo, por solo mencionar las más elementales.

Estoy convencida de que el nuevo escenario que se desarrollaría en Cuba
a partir de esta renovación desestimularía en buena medida la
desordenada estampida de emigrantes ilegales hacia EE UU. La justeza de
las leyes cubanas acabaría derrotando el maligno poder de la Ley de
Ajuste y dándoles la razón a las autoridades de la Isla: finalmente
quedaría demostrado que, en efecto, el problema migratorio cubano es
solo cuestión de leyes.

Source: Un asunto de leyes -
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