Elecciones y cambios políticos

Elecciones y cambios políticos
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 23 Abr 2015 - 9:10 am.

Se impone una Ley Electoral que responda a los intereses de los cubanos
y no solamente a la conservación del poder.

Las elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales del Poder
Popular, celebradas el domingo 19 de abril en Cuba, en el marco del
restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, pusieron de
manifiesto la necesidad impostergable de extender las reformas a la
esfera de la política.

Por vez primera cerca de un millón de electores, el 11,70% del total
registrado, no asistió a las urnas. Si a los ausentes se suman los más
de 700.000 que invalidaron sus boletas, la cifra de los inconformes se
eleva a 1.700.000, lo que sobrepasa el 20% del total de electores.

En el año 2003 la suma de las abstenciones y la boletas invalidadas fue
del 6,09%; en el año 2008 aumentó a 7,73%; en 2013 alcanzó el 14,22%,
casi el doble de los comicios precedentes y en esta oportunidad superó
el 20%. Ese crecimiento sostenido constituye una clara señal de cambio
en la conducta de los cubanos que las autoridades no deberían ignorar.

Las causas son harto evidentes. Ante el impacto negativo de una crisis
estructural generada por un modelo inviable, manifestado en la
insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada y el éxodo
masivo, los cubanos —conscientes que los Delegados electos carecen del
más elemental poder para cambiar esa situación—, a pesar del riesgo que
se corre en condiciones de Partido único, monopolio de la información y
carencia de las libertades fundamentales, han optado por no asistir a
las urnas o en su lugar tachar, anular, garabatear o entregarlas en
blanco, incluyendo decenas de miles que depositan su voto en la última
hora como forma de castigo. Se sabe, además, que por cada uno que se
atreve hay otros que van perdiendo el miedo que aún los paraliza. Por
eso, al argumento de que es el pueblo el que postula, hay que añadir que
también es el pueblo el que se ausenta o invalida las boletas.

Las autoridades, en vez de continuar aferradas al pasado o de cambiar
"sin prisa pero sin pausa", deberían hacer una lectura crítica de esas
cifras y aceptar la necesidad de extender los cambios a la política,
comenzando por una verdadera Ley electoral que permita elegir
directamente entre candidatos con diferentes opciones. Se trata de dar
cumplimiento al compromiso anunciado aquel 8 de enero de 1959, cuando el
líder de la revolución, aseguró que habría elecciones en el "más breve
plazo de tiempo posible". Sin embargo esa brevedad demoró nada menos que
17 años, cuando en julio de 1976 se promulgó la primera Ley electoral,
después de la revolución, pero cargada de limitaciones hasta su
derogación en 1992, año en que se promulgó la Ley 72, que regula los
actuales comicios.

Según esta Ley el voto directo está limitado a las elecciones de
Delegados para las Asambleas Municipales del Poder Popular. De ahí en
adelante, las candidaturas para las asambleas provinciales y nacional, y
las de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y demás miembros del
Consejo de Estado, son conformadas por las Comisiones de Candidaturas
(artículo 67), las cuales la integran los dirigentes nacionales de las
llamadas organizaciones de masas (artículo 68), todos miembros del único
Partido permitido por la Constitución.

Según la Ley, los delegados electos directamente por el pueblo no pueden
exceder el 50% del total de candidatos. La otra mitad es nominada por
las Comisiones de Candidaturas, la cual tiene potestad para incluir a
personas no electas por el voto directo (artículos 77 y 86), lo que
anula la soberanía popular.

En su famosa obra El Contrato Social, Juan Jacobo Rousseau expuso la
tesis siguiente: "de la unión de las personas para defender y proteger
sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes
en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general,
devenida poder, se le denomina soberanía y al pueblo que la ejerce,
soberano".

Si las elecciones son una manifestación de la soberanía popular,
entonces el sistema electoral cubano es una negación de la misma, como
se ha manifestado en las elecciones recién concluidas. Se impone, por
tanto, una nueva Ley que responda a los intereses de los cubanos y no
solamente a la conservación del poder.

El pasado mes de febrero, durante la celebración del X Pleno del Comité
Central del Partido Comunista, se anunció una nueva Ley Electoral que
regirá las elecciones generales del 2018. Se puede inferir que la misma
limitará el tiempo para desempeñar los principales cargos del Estado y
establecerá el máximo de edad para ocupar dichas responsabilidades. Pero
esos cambios son insuficientes. La nueva Ley debe nacer de una consulta
popular para que la misma nazca de un consenso y dejé atrás la
imposición de leyes sin tener en cuenta los intereses del pueblo.

El 1.700.000 que rechazaron el sistema electoral tiene derecho a elegir
otras opciones. Hace algunos años un opositor —en dos oportunidades
consecutivas— se postuló en el municipio Plaza y sólo logró el voto suyo
y el de su esposa. Sin embargo, en estas elecciones el informático
Yuniel López, de Arroyo Naranjo, y el abogado y periodista independiente
Hildebrando Chaviano, de Plaza, se presentaron a los comicios como
opositores. Ambos fueron elegidos en asambleas para ser candidatos. El
primero obtuvo 233 sufragios y el segundo 189. Es decir, a los que se
abstienen e invalidan las boletas se unen ahora los que abiertamente
votan por opositores, a pesar de las campañas difamatorias en su contra.

Como la nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en
dignidad que busca un bien común, hay que reconocer que el
multipartidismo es una expresión de esa diversidad. De ahí la necesaria
restitución de las libertades políticas para que los cubanos comiencen a
desempeñar el papel activo que les corresponde en los destinos de Cuba.

Source: Elecciones y cambios políticos | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1429776653_14162.html