Sin patria, pero sin dólares

Sin patria, pero sin dólares
En la actualidad, la oposición cubana conforma un cuerpo heterogéneo y
hasta cierto punto amorfo
Alejandro Armengol, Miami | 25/02/2015 10:48 am

Al igual que el embargo. Como ocurrió con las incursiones armadas y los
actos de sabotaje. La política de Washington hacia la disidencia es un
fracaso.
El fiasco se hace manifiesto en momentos en que la oposición cubana
atraviesa por una etapa de retraimiento, en buena medida debido al
constante hostigamiento por parte del régimen.
Nacida con total independencia de Washington durante la época en que
surgió la primera disidencia, el concepto se ha ampliado y repetido por
la prensa en una extensión que resulta fácil de usar aunque imprecisa y
de cuya práctica no es inocente el autor de este articulo.
En la actualidad, la oposición cubana conforma un cuerpo heterogéneo y
hasta cierto punto amorfo. Pero en cuanto a imagen en el exterior,
siempre enfrenta igual problema: mientras algunas de las organizaciones
no reciben fondos de Washington, el argumento del dinero sirve para
demonizarlas a todas.
Al mismo tiempo, el tratar de silenciar las críticas respondiendo que
sirven a los fines de La Habana es repetir la vieja táctica de
aprovecharse de la conveniencia política para obtener objetivos personales.
El tema de la ayuda a la disidencia gira más sobre el mal uso de los
fondos que alrededor de las necesidades que cubren. No se trata de
convertir en un pecado a priori el aceptar dinero del exilio, pero
cuando éste proviene de un gobierno, no solo existe siempre la sospecha
de que "quien paga manda" sino el peligro de injerencia extranjera.
La amenaza de una excesiva dependencia política al dinero estadounidense
no parece preocupar a la oposición en la Isla, ni ha desencadenado una
respuesta efectiva en el exilio. No hay el intento de suplantar con
fondos cubanos la mayor parte del dinero destinado a los afanes
democráticos en Cuba, lo que no niega que organizaciones privadas
realicen envíos.
Han sido la impericia y la sospecha de mal uso los que han llevado a
cuestionarse y tratar de reducir los fondos en determinados momentos.
Sin embargo, la norma de sustentar estos esfuerzos con fondos
proporcionados por los contribuyentes de Estados Unidos permanece en
pie. Mientras ésta es la cara más visible del problema, la crisis es
mucho más profunda.
Por encima de los comentarios y las anécdotas sobre compras
incongruentes y gastos exagerados, planes estrafalarios que solo han
significado un despilfarro de dinero, vale la pena reflexionar acerca
del papel que desempeña una disidencia que depende de los fondos del
gobierno de EEUU para existir.
Por décadas Washington estuvo empeñado en repetir en Cuba lo hecho en
Haití, Afganistán, Irak y los países participantes en la fracasada
"Primavera Árabe": utilizar a exiliados y opositores para sus planes,
aunque con la distinción de que no hay un objetivo de invasión militar a
la Isla por parte de la Casa Blanca.
El traspaso de poder, de Fidel Castro a su hermano Raúl, no alteró los
puntos cardinales de esta estrategia, hasta el anuncio del presidente
Barack Obama el 17 de diciembre pasado.
Los aspectos fundamentales fueron el abandono de una confrontación
bélica, un aumento de la presión económica, el fin de los intercambios
culturales y educativos, la inmigración controlada y el énfasis en la
colaboración con los grupos opositores afines al exilio conservador de
Miami. Esta estrategia limitó aun más la de por sí reducida capacidad de
acción de una disidencia más preocupada por las libertades políticas que
por destacar la urgencia de un programa de justicia social.
Ya con anterioridad Obama había cambiado algunos puntos de esta táctica,
en lo referido al aumento de remesas y ampliación de viajes, así como en
lo que respecta a los intercambios culturales. Aunque el anuncio de
diciembre aumenta las posibilidades en este sentido y abre las puertas a
un mayor apoyo a la pequeña empresa privada y el trabajo privado
autorizado en la Isla, hace aún poco en favor de un enfoque más amplio,
más allá de lo económico, en lo que respecta a la sociedad cubana.
Una cosa es aspirar a que se adopten los beneficios de un sistema
democrático similar al estadounidense —cuyas virtudes y defectos lo
sitúan por encima del actual régimen cubano— y otra muy diferente es
empeñar la gestión opositora con la sospecha de una dependencia excesiva
a la política de un gobierno extranjero.
Hasta ahora, el intento iniciado por el gobierno del presidente Barack
Obama, de cambiar las reglas en lo que respecta las relaciones
gubernamentales entre Washington y La Habana, no parece preocupado en
definir una nueva relación con los factores que podrían contribuir al
avance de una nueva situación en la Isla, salvo en lo económico: la
administración estadounidense parece empeñada en la apuesta en favor de
la incipiente y limitada empresa privada y los cuentapropistas, mientras
que al mismo tiempo no pierde oportunidad de tratar de infundir
confianza —al menos en declaraciones y gestos por lo general simbólicos—
en que mantiene en pie su apoyo a lo que considera el movimiento opositor.
Sin embargo, esta actitud parece condenada a un doble fracaso,
En primer lugar porque parte de ese sector opositor se ha definido por
su rechazo al nuevo enfoque de la Casa Blanca, ha preferido mostrarse
fiel a Miami, a los congresistas cubanoamericanos y a determinadas
agencias que directamente e indirectamente forman parte del gobierno
estadounidense, pero que conservan una independencia relativa, como es
lógico dentro de la democracia —los cuales en resumidas cuentas son los
que influyen o determinan a la hora de otorgar fondos— y por lo tanto no
parece dispuesto a contribuir a esta vía de desarrollo, sino todo lo
contrario: a entorpecerla.
En segundo, y más importante, porque la nueva aproximación de la Casa
Blanca al caso cubano depende para su éxito —en última instancia— de
lograr captar la confianza no solo en ciertos sectores del propio
gobierno dentro de la Isla sino en un marco que trascienda el considerar
la oposición al régimen simplemente como el enfrentamiento a la falta de
libertades democráticas —una actitud moral válida pero limitada— y a
buscar un enfoque inclusivo que establezca un futuro negociado, donde la
entrada de nuevos factores no sea a cambio de la salida obligatoria de
quienes actualmente participan en la gestión de gobierno.
Claro que desde la perspectiva exiliada no se trata de una salida
encomiable ni mucho menos, pero responde más a expectativas reales que
el aferrarse a una solución no viable en estos momentos.
El apostar a un cambio radical en Cuba. Es decir, al establecimiento de
un gobierno democrático a corto plazo, puede implicar una satisfacción
justiciera —patriótica, si alguien se aferra los caducos esquemas
decimonónicos— pero con pocas posibilidades de triunfo. Declararse a
favor de este proyecto libertario inmediato requiere de un apoyo de
fuerza que en estos momento no existe.
De lo contrario, se peca en la contradicción de abogar por tratar de
contribuir al establecimiento de una sociedad civil independiente y al
mismo tiempo proclamar la existencia en Cuba de un sistema totalitario.
El totalitarismo es ajeno y opuesto a una sociedad civil. Para comenzar
a establecer una sociedad civil hay primero que eliminar el Estado
totalitario. ¿Y dónde están las divisiones? Es decir, las divisiones
armadas, no las que existen dentro del movimiento opositor.
Considerar que en Cuba se ha iniciado lentamente —y con todas las
limitaciones que valga la pena señalar— la transición de un régimen
totalitario a uno autocrático no significa ni un reconocimiento a
quienes gobiernan ni una negativa a la naturaleza represiva imperante.
La dictadura de Fulgencio Batista se caracterizó por los asesinatos y la
tortura, pero no estableció un sistema totalitario, Fidel Castro sí lo
hizo. Reconocer que en estos momento la Isla está evolucionando en este
sentido —y no por voluntad de la élite gobernante sino por necesidades
nacionales e internacionales— es indispensable para comprender la
situación actual.
El gobierno cubano acaba de anunciar una serie de medidas que parecen
destinadas a desempeñar el papel de la "zanahoria" que necesita Obama
para proseguir un camino apenas iniciado: la puesta en vigor de una
nueva Ley Electoral, que deberá regir las elecciones generales de 2018,
y la realización del VII Congreso del Partido Comunista (PCC) del
próximo año; la puesta en marcha de una nueva división
político-administrativa y la generalización del modelo de funcionamiento
de los órganos locales del Poder Popular, que se experimenta actualmente
en las provincias de Artemisa y Mayabeque.
Como suele ocurrir en Cuba, lo dicho no ofrece mucha información y queda
abierto a propósito para las especulaciones, No se trata de depositar
demasiadas esperanzas en el anuncio, pero hay algo cierto: lo que se
inicia a partir de ahora es la transición del poder de la generación
histórica a los nuevos políticos cubanos. Raúl Castro ya ha anunciado
que no buscara reelegirse para un tercer mandato al frente del Consejo
de Estado.
Por supuesto que ahora vendrán las declaraciones de los disidentes
afines a Miami. de que nada importante ocurrirá y que solo se trata de
cambios "cosméticos". Pero más allá de que palabras de este tipo
garanticen fondos y nuevos viajes, poco valor hay en despreciar lo que
ocurre en el país.
Si bien el gobierno de La Habana no ha logrado establecer un programa de
desarrollo económico que satisfaga las necesidades de la población, sí
ha sido capaz de mantener al pueblo bajo el régimen de una economía de
subsistencia. Ni el desarrollo ni la miseria extrema generalizada en
tiempo y espacio.
Mientras la disidencia pudo en un momento enfatizar sus demandas sobre
las diferencias en los niveles de vida, incrementados en los últimos
años, en su lugar ha encaminado su discurso hacia la lucha por una
alternativa política y reclamos en favor de la libertad de expresión.
Este esfuerzo se vio afectado por la represión en Cuba, pero tuvo una
amplia repercusión internacional.
La situación, sin embargo, ha derivado hacia un panorama en que
elementos dispersos y contradictorios contribuyen al statu quo: la
obligatoria mención a la oposición de los gobiernos extranjeros, desde
los europeos al norteamericano, mientras en la Isla impera el
aislamiento del movimiento.
De ahí que resulte desatinada y falta de pudor cualquier comparación
entre el papel del movimiento disidente cubano y la función que
desempeñaron en su momento organizaciones como Solidaridad en Polonia.
La discrepancia entre la proyección internacional de la oposición en
Cuba y su bajo relieve en la Isla ha sido un factor que ha contribuido a
perjudicarla por vías diversas, como la promoción de figuras menores a
partir de sus afinidades con el exilio de ultraderecha. Pero donde los
opositores han resultado más afectados es en la repetición de errores
por parte de Washington. Tanto cuando financió la lucha armada contra
Castro como cuando apoyó la vía pacífica, Estados Unidos ha impuesto no
solo su ideología sino también su política.
Es hora de que EEUU modifique esta política, y deje de brindar recursos
a organizaciones que emplean la mayor parte de ese dinero a subvencionar
grupos pocos efectivos, más empeñados en una función de cabildeo no
declarado en favor de la política por años sostenida por el Partido
Republicano, que a contribuir al avance democrático en Cuba, Esto no
implica una transferencia de dinero a instituciones afines al régimen ni
a supuestos representante de una "sociedad civil" que no existe en la
Isla. Es simplemente que Washington debe ampliar sus perspectivas y
dejar a los cubanos resolver los problemas por ellos mismos: sin patria,
pero sin dólares. Puede argumentarse que así no se resolverán los
problemas, pero al fin se sabrá quienes son los verdaderos opositores.

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