Una segunda evaluación

Derechos Humanos

Una segunda evaluación
Dimas Castellanos | La Habana | 14 Mayo 2013 - 8:36 am.

La ONU vuelve a examinar al castrismo mientras en el país sigue sin
alcanzarse el nivel de respeto a los derechos humanos que existió desde
la segunda mitad del siglo XIX.

El pasado 1 de mayo el gobierno de Cuba fue objeto por segunda ocasión
del Examen Periódico Universal (EPU), una herramienta del Consejo de
Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas
encargado de revisar las obligaciones y compromisos contraídos por los
Estados miembros en esa materia.

Cuando esa función la ejercía la desaparecida Comisión de Derechos
Humanos, subordinada al Consejo Económico y Social de la ONU, el
diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos condujo a una
creciente politización del tema hasta su total atascamiento. Cada año se
repetía el mismo guión: cabildeo antes y durante las sesiones, debates
ofensivos, intercambio de acusaciones, votación de una resolución y
finalmente el anuncio del gobierno cubano de la derrota propinada al
imperialismo. Desde ese momento hasta la próxima sesión nada cambiaba en
Cuba, pues al tratarse de "falsas" y "groseras" acusaciones del enemigo,
nada había que cambiar.

Para los cubanos lo que ocurría en Ginebra no tenía ningún efecto en sus
vidas, porque los conflictos entre Estados tienden a solapar, y por
tanto a desmovilizar, los conflictos al interior de los Estados, mucho
más cuando la contradicción externa es elevada a primer plano. Esa
situación fue utilizada por las autoridades cubanas para fundamentar un
nacionalismo ideologizado y "demostrar" al mundo que en Cuba no había
violaciones de los derechos humanos, sino mentiras fabricadas por los
enemigos.

Por ejemplo, en el año 2002, en el mes de enero, el ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba acusó al gobierno norteamericano de
gestionar con las cancillerías latinoamericanas la presentación de una
resolución sobre "supuestas" violaciones de los derechos humanos. En
consecuencia la polémica suscitada se trasladó del debate de las
violaciones en Cuba a la conducta norteamericana. Tres meses después, el
diario Juventud Rebelde reprodujo un despiadado ataque contra el
presidente Vicente Fox, publicado por el órgano mexicano La Jornada, a
causa del voto mexicano emitido en Ginebra contra Cuba, en el cual se
calificó al presidente Fox de "incapaz de defender los intereses de los
mexicanos y de vergüenza para América Latina".

Como los derechos humanos preceden y trascienden a la política, para
situar las cosas en su lugar se imponía la despolitización del tema y
sobre esa base promover un debate sosegado y constructivo, encaminado a
mejorar el estado real de esos derechos en la mayor de las Antillas.
Para ello bastaba con limitarse a responder interrogantes tan sencillas
como las siguientes:

¿Pueden los cubanos salir y entrar a su país sin permiso del Gobierno?
¿Pueden asociarse de forma independiente del Estado? ¿Pueden elegir el
tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Pueden participar como
sujetos en la economía de su nación? ¿Pueden disentir públicamente del
Gobierno o del Partido Comunista sin correr riesgos? ¿Pueden conectarse
libremente a internet? ¿Pueden seguir la pelota de las Grandes Ligas por
la televisión como se hace con el futbol? La respuesta era una sola y
también sencilla: No. Respuesta suficiente para poner luz sobre los
derechos humanos al interior del país y sacar del foco de atención las
acusaciones contra Argentina, México, Estados Unidos o cualquier otro
Estado por "entrometerse" en los asuntos internos y/o carecer de moral
para juzgar al gobierno cubano. Preguntas y respuesta que delimitan el
problema a discutir y dirigen la atención a la voluntad política y a la
responsabilidad del gobierno cubano para con su pueblo.

La cuestión ahora

El EPU, a diferencia de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, es
un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, integrado por 47
países miembros, los que encabezados por una troika de relatores y en
presencia los Estados observadores, examina periódicamente el estado de
los derechos humanos de los países miembros de la ONU. El país examinado
presenta ante el grupo un informe a partir del cual se inicia un diálogo
del cual emergen las recomendaciones. De acuerdo a ese procedimiento,
Cuba recibió 88 recomendaciones en el primer examen realizado en el año
2009. Y sobre la base de ese dictamen la mayor de las Antillas acaba de
ser sometida nuevamente a evaluación.

El canciller cubano de turno, en el informe correspondiente, repitió la
retórica contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, contra la
política dirigida a imponer un "cambio de régimen" y enumeró los cambios
significativos producidos en la economía y la sociedad en los últimos
dos años. Aseveró, que "Cuba ha continuado fortaleciendo el carácter
democrático de su institucionalidad y que las libertades de opinión, de
expresión, de información y de prensa son reconocidas a todos los
ciudadanos", sin aclarar que esas libertades están limitadas
constitucionalmente a la defensa de los postulados del partido
gobernante, lo que explica que en Cuba solo pueden existir legalmente
las asociaciones creadas o subordinadas a ese fin.

Durante la evaluación la mayoría de los países participantes en el EPU
elogiaron a la Isla por sus "avances" con respecto a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, especialmente en lo que se refiere a la
educación y el acceso a los servicios de salud, así como a los cambios
en la política migratoria y al derecho de los cubanos a trabajar por
cuenta propia en un conjunto, aún limitado, de actividades. Pero al
mismo tiempo instaron al Gobierno, entre otras cosas, a poner alto a la
detenciones cortas, acoso y otras medidas represivas de activistas y
periodistas independientes, a reducir el control gubernamental sobre
internet, a que los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) puedan visitar las cárceles sin restricciones, a ratificar los
Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que Cuba firmó desde el año 2008.

Como resultado de la evaluación, el CDH realizó 204 recomendaciones y
sugerencias más que en el año 2009, es decir, un total de 292. Los
señalamientos responden al deplorable estado de los derechos humanos en
Cuba y se corresponden con las denuncias realizadas por la oposición
cubana dentro y fuera del país, antes y después de la creación del CDH,
lo que demuestra fehacientemente que la ausencia de libertades cívicas y
derechos fundamentales en Cuba poco tienen que ver el diferendo o con
las "patrañas" del enemigo. No se puede negar que se han producido
algunos cambios en materia de derechos humanos, pero de lo que se trata
es que en un país occidental, con una rica historia en libertades, el
estado actual es deplorable e insostenible, pues esas pequeñas medidas
implementadas aún no alcanzan ni el nivel de respeto de los derechos
humanos que existió en Cuba desde la segunda mitad del siglo XIX.

Un paso de importancia sería comenzar por ratificar los pactos que Cuba
firmó hace cinco años, los cuales, por su carácter vinculante, podrían
ser una verdadera señal de cambio.

Sin embargo, hay que reconocer que la respuesta de la embajadora de la
Isla ante la ONU, al plantear que de esas recomendaciones se aceptará
"un amplio grupo" y se implementarán "según nuestras posibilidades y la
evolución de las circunstancias", al menos toma distancia de aquellos
discursos inflamados cada vez que se le hacía un señalamiento a la Isla.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1368469442_367.html