Imposturas cubanas

Reforma migratoria

Imposturas cubanas
Bertrand de la Grange
Madrid 21-10-2012 - 10:43 am.

Más que las supuestas amenazas del "imperio", Raúl Castro teme los
efectos de su propia política: el despido de casi el 30 porciento de la
población activa del país.

Raúl Castro y sus asesores se han descolgado el pasado martes con otra
más de esas triquiñuelas a las que recurren periódicamente para bajar la
presión social en Cuba y congraciarse con la comunidad internacional.
Después de autorizar el trabajo por cuenta propia en algunos sectores de
actividad y permitir la venta de teléfonos móviles, autos y casas, el
Gobierno ha decidido suprimir ahora las regulaciones más cuestionadas de
la Ley de Migración de 1976. Sin embargo las nuevas normas siguen
violando —de manera más sutil, es cierto— el principio de la libre
circulación garantizado por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

A partir del próximo 14 de enero, para viajar fuera de la Isla, los
cubanos no tendrán que pedir el odiado "permiso de salida" y tampoco la
"carta de invitación", que sus familiares o amigos residentes en el
extranjero tienen que tramitar ante los consulados cubanos. Esos dos
documentos cuestan unos 350 dólares, es decir, más de un año del salario
promedio en Cuba. Además, el plazo máximo de estancia en el extranjero
será extendido de 11 a 24 meses y, para los cubanos emigrados, se
suprimirá la exigencia de solicitar un permiso de entrada para volver de
visita a su país de origen (tendrán que presentar su pasaporte cubano
porque La Habana sigue sin reconocer la doble nacionalidad).

Más importante aún será la supresión de la práctica infame que consistía
en despojar de todos sus bienes (muebles, casa, auto) al "gusano" que se
iba al exilio. La prensa oficial despacha ese vergonzoso capítulo de la
historia cubana con este breve comentario: "Las personas que a fin de
cuentas decidan radicarse en el exterior podrán antes de viajar vender o
traspasar sus propiedades si así lo desean".

Como era de esperarse, esos cambios han sido bien recibidos por la ONU y
por la Unión Europea, que saludan "el levantamiento de cualquier tipo de
restricciones" y hablan de "un paso importante hacia la libertad de
movimiento de los ciudadanos cubanos". Los comentarios recopilados en
las calles de La Habana por varios corresponsales de prensa extranjera
parecen también indicar que la nueva ley ha sido bien acogida. Las
reacciones populares no deberían sorprender a nadie: en un país donde no
puedes elegir tu lugar de residencia, tu trabajo y el modelo de
gobierno, cualquier flexibilización del control social es un alivio.

En realidad, la nueva ley migratoria sustituye las anteriores
restricciones por otras. Como suele pasar en el resto del mundo, los
cubanos necesitarán un pasaporte vigente y la visa del país donde van a
viajar. Sin embargo, y aquí viene el obstáculo, La Habana decidirá quién
tiene derecho a un pasaporte y quién no. Estamos ante una violación
flagrante del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que prohíbe la discriminación en el ejercicio del "derecho a
salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".

El artículo 23 de la nueva Ley de Migración estipula que las autoridades
podrán denegar la entrega de pasaportes por "razones de Defensa y
Seguridad Nacional" o por motivos de "interés público". Es la puerta
abierta a la arbitrariedad absoluta en detrimento de los que no comulgan
con el régimen, tanto dentro como fuera de la Isla: aquellos cubanos
considerados "indeseables", que son hostiles a los "principios del
Estado cubano", no podrán volver a su país de origen. Otra restricción
afecta, en cambio, a los niños mimados de la Revolución que ejercen
funciones "vitales", sobre todo los médicos, los científicos, los
atletas y sus entrenadores, los maestros y los cuadros directivos. Esos
ciudadanos necesitarán un permiso especial, porque se trata de impedir
"el robo de cerebros con objetivos políticos", alentado por "el Gobierno
de los Estados Unidos, que ha utilizado históricamente su política
migratoria hacia Cuba con fines de hostilidad, subversión y
desestabilización".

Las nuevas disposiciones migratorias responden a las necesidades
estratégicas del régimen de La Habana. Más que las supuestas amenazas
del "imperio", Raúl Castro teme los efectos de su propia política de
"reordenamiento laboral", que implicará el despido de un millón de
trabajadores del Estado, es decir, casi el 30% de la población activa de
la Isla. El sector privado, muy incipiente y sin recursos, no podrá
absorber a todos esos desempleados, que tendrán la posibilidad de
buscarse la vida en el extranjero a partir de enero. Nadie pondrá trabas
en La Habana para que se vayan: se trata de exportar la mano de obra
poco calificada y de retener a los "cerebros" en casa. El régimen espera
así tapar las vías de agua que le están hundiendo irremediablemente.

http://www.diariodecuba.com/cuba/13592-imposturas-cubanas