'Cuántos más tendrán que morir' en huelgas de hambre, preguntan
intelectuales en una carta
DDC
Madrid 07-02-2012 - 3:59 pm.
Denuncian 13 casos de presos políticos fallecidos en las cárceles de la
Isla por esa causa desde 1966.
Un grupo de 35 intelectuales residentes en Estados Unidos, varios países
de América Latina y la Isla han hecho pública una carta en la que
alertan sobre las muertes de presos políticos cubanos en huelgas de
hambre y critican las prácticas del régimen para desacreditar las
protestas de los disidentes encarcelados.
La carta está firmada por académicos, escritores, periodistas,
sindicalistas, empresarios, médicos, abogados y otros profesionales que
preguntan "cuántos más tendrán que morir" en las mismas circunstancias
en que lo hizo el disidente Wilman Villar Mendoza el pasado 19 de enero.
Recuerdan que el fallecimiento de Villar, tras unos 50 días en huelga de
hambre, ocurrió menos de dos años después del de Orlando Zapata Tamayo,
también en un largo ayuno.
"Si bien se trata del segundo caso de un luchador cívico que ofrece su
vida mediante una huelga de hambre (…) no son los únicos presos
políticos que, bajo un régimen que intenta ocultar y silenciar todos sus
desmanes a través del monopolio de los principales medios de
comunicación y el férreo control represivo, han muerto mediante esta
forma de protesta, una de las pocas —y muchas veces la única—, que les
queda", dicen en la carta.
Enumeran trece casos "documentados" de presos políticos fallecidos en
huelgas de hambre desde 1966:
—Roberto López Chávez, de 25 años de edad, murió el 11 de diciembre de
1966 en la prisión de Isla de Pinos.
—Luis Álvarez Ríos, de 31 años, murió el 9 de agosto de 1967 en la
prisión Castillo del Príncipe, La Habana.
—Francisco Aguirre Vidarrueta, murió en septiembre de 1967 en la prisión
Castillo del Príncipe, La Habana.
—Carmelo Cuadra Hernández, murió el 21 de julio de 1969 en una prisión
de La Habana en huelga de hambre.
—Pedro Luis Boitel, de 34 años, murió el 25 de mayo de 1972 en la
prisión Castillo del Príncipe, La Habana.
—Olegario Charlot Spileta, murió el 15 de enero de 1973 en la prisión de
Boniato, Santiago de Cuba.
—Enrique García Cuevas, murió el 23 de mayo de 1973 en la prisión
provincial de Pretensado, Las Villas.
—Reinaldo Cordero Izquierdo, murió el 21 de mayo de 1975 en una prisión
de Pinar del Río.
—José Barrios Pedré, murió el 22 de septiembre de 1977 en una celda de
máximo rigor en la prisión Pretensado, Las Villas.
—Santiago Roche Valle, de 45 años, murió el 8 de septiembre de 1985 en
la prisión Kilo 7, Camagüey. Sufrió un paro cardíaco.
—Nicolás González Regueiro, de 42 años, murió el 16 de septiembre de
1992 en la prisión de Manacas, Las Villas.
—Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, murió el 23 de febrero de 2010.
Horas antes de su muerte lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico
Hermanos Ameijeiras en La Habana.
—Wilman Villar Mendoza, 31 años, murió el 19 de enero del 2012 en el
Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, a donde había sido
trasladado desde una celda con baja temperatura de la prisión de máximo
rigor de Aguadores aquejado de una severa neumonía.
De acuerdo con los firmantes, en la mayoría de los casos los presos
políticos no recibieron atención médica o se les proporcionó demasiado
tarde.
"¿Cuántos más tendrán que morir para que el régimen cubano acepte al
menos lo más elemental que se le ha pedido en estas huelgas: el respeto
a la vida, la integridad de la persona humana y su dignidad?", preguntan
los autores de la carta.
"Wilman Villar Mendoza no hizo huelga de hambre para que el país
regresara al capitalismo ni para que los gobernantes cubanos renunciaran
a sus cargos o efectuaran reformas constitucionales, sino para que se
corrigieran las violaciones procesales perpetradas en su caso. En un
país con un mínimo de respeto a los principios de un Estado de Derecho,
hubiese podido apelar exitosamente, ya que su condena tiene visos de
ilegalidad y represalia política", añaden.
Critican que, al igual que en el caso de Zapata Tamayo, el Gobierno
lanzó "una campaña difamatoria" contra Villar Mendoza, calificándolo de
"recluso común" y atribuyendo su encarcelamiento a "un escándalo público
en el que agredió y provocó lesiones en el rostro de su esposa".
La versión oficial "ha sido difundida por todos los medios de
comunicación cubanos (…) por lo que las pequeñas hijas de Villar Mendoza
—de cinco y siete años de edad— han estado expuestas a oír semejante
injuria sobre su padre", señalan los firmantes.
Recuerdan que Maritza Pelegrino Cabrales, viuda del opositor, ha negado
las acusaciones del régimen y pedido que se le permita aparecer en los
medios de comunicación de la Isla para refutarlas.
"Si Villar Mendoza fue procesado por un delito común y la fecha en que
cometió ese supuesto abuso doméstico según la versión gubernamental, fue
el 12 de julio, ¿por qué se le encarcela cuando participa en una
manifestación pacífica el 14 noviembre, es decir, cuatro meses después
de los hechos que se le atribuyen?", preguntan los firmantes de la carta.
"Es comprensible que incluso el Gobierno cubano niegue que en verdad
realizara una huelga de hambre, incapaz de explicar cómo es posible que
los dos últimos hombres que murieron acudiendo a ese recurso extremo,
tachados por ese Gobierno de delincuentes, tuvieran el valor de llevar
hasta las últimas consecuencias semejante acto en defensa de sus
derechos. Ningún malhechor, carente de ideales y de principios, es capaz
de realizar tal sacrificio", afirman.
"Pero aún aceptando la versión gubernamental, esas autoridades deberían
explicar en qué condiciones carcelarias se encontraba el prisionero para
que, sin que medie un ayuno prolongado, fuera susceptible de contraer
'neumonía severa'", advierten.
"Quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre del pueblo, no tienen
otra alternativa que calificar a estos luchadores de delincuentes,
cuando, ante el empuje de ciudadanos pacíficos donde predominan las
personas más humildes y sobre todo mujeres y negros, no pueden continuar
adjudicándoles los epítetos tradicionales de 'agentes del imperialismo'
o 'vendepatrias'", dicen los autores del texto. "El Gobierno cubano no
puede admitir que quien comienza a erguirse gallardamente exigiendo sus
derechos, no es otro que el propio pueblo indignado".
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