Cambios sobre ruedas
Reinaldo Escobar
La Habana 05-10-2011 - 12:02 am.
De la nueva ley de compraventa de vehículos al 'nuevo' rostro de
Papá-Estado. ¿Hacia dónde vamos?
El decreto ley 292, en vigor desde el 1 de octubre, pone en evidencia
los límites de eso que observadores de la realidad cubana han dado en
llamar "las reformas raulistas". Especialmente quedan al descubierto las
contradicciones provocadas por no respetar el indisoluble vínculo entre
libertades económicas y derechos ciudadanos en un momento en que el
Estado se ve incapacitado para seguir ejerciendo de benefactor
paternalista, pero no está dispuesto a ceder sus prerrogativas autoritarias.
La nueva legislación se mueve en tres áreas relacionadas con la
compraventa y cesión de propiedad de automóviles: Las transacciones
entre entidades comerciales y personas naturales, las específicas que
incluyen a ciudadanos que salen definitivamente del país, y las que
ocurren entre personas naturales.
Los hijos legítimos
A partir de ahora el Ministerio de Transporte podrá autorizar a personas
naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente, la compra de
un vehículo de motor nuevo en pesos convertibles en una entidad
comercial. En el caso de los nacionales el principal requisito para
recibir dicha autorización es que el dinero haya sido obtenido "como
resultado de su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en
interés de este". Ya este mecanismo venía funcionando desde hace unos
quince años y la autorización se plasmaba en una carta firmada por el
entonces todopoderoso Carlos Lage.
Este "derecho de pernada" sobre la virginidad automotriz, extendido por
el patriarcal Estado a los hijos que considera legítimos, permite al
personal diplomático cubano, a representantes comerciales en el
extranjero, deportistas y artistas vinculados a instituciones culturales
oficiales, marinos y pilotos, a poseer un auto nuevo, o de uso, pero
moderno. La medida incluye a trabajadores de la pesca y productores de
tabaco y a una exigua especie en extinción que son los trabajadores y
jubilados de la Base Naval de Guantánamo. Sin embargo, quedan
exceptuados de este privilegio aquellos que cumplen misiones en el
exterior a través del Programa Integral de Salud en Venezuela, Bolivia,
Nicaragua y Ecuador.
En lo que pudiera considerarse casi una grosería legislativa, se incluye
un punto donde se orienta a los funcionarios reclutadores que deben
advertirles a los misioneros antes de su salida al extranjero "que no
pueden optar por la adquisición de un vehículo" en las entidades
comerciales con el dinero ganado en su trabajo.
¿A qué viene esta discriminación justamente con los más sacrificados?
Puede conjeturarse que no habrá tantos autos disponibles en las tiendas
y como se ha dicho, "los hilos de la piñata" solo alcanzan para un grupo
de elegidos; si se incluyera a los más de 20 mil aquí exceptuados,
probablemente se triplicaría el número de aspirantes. Es significativo
que en ningún momento se habla en el nuevo decreto de condicionamientos
ideológicos ni de méritos sociales o laborales, sin embargo, es sabido
que para incluirse en la lista de los que tienen derecho a que el Estado
les beatifique el dinero devengado, hay que pagar el diezmo de ser, al
menos, políticamente correcto.
Los hijos desheredados
Quizás lo más lamentable del decreto ley 292 es que anticipa que en las
anunciadas reformas migratorias no se eliminará el término de "salida
definitiva del país" y que además, la emigración seguirá siendo
penalizada con la confiscación.
En el texto publicado en la Gaceta Oficial hay unas veinte alusiones a
este concepto que se aplica a quienes desde un inicio declaran su
intención de vivir fuera de Cuba y a quienes, sin haberlo advertido
antes de salir, se exceden de los once meses que abarca el "permiso de
viaje". Entre las consecuencias de este engendro, que es tema para un
libro, aparece la confiscación de bienes, incluida la vivienda, los
medios de transporte y los efectos electrodomésticos del emigrante.
Hasta el día de hoy los familiares que no viajaban con el propietario
emigrante podían quedarse a vivir en la casa con todo lo que había
dentro (menos el auto), a condición de que lo pagaran todo otra vez al
Estado confiscador.
El artículo 7 de la nueva ley especifica que "El Ministerio de
Transporte confiscará de acuerdo con la legislación vigente, los
vehículos de motor pertenecientes a personas naturales cubanas que hayan
salido definitivamente del país" y transferirá su propiedad a las
personas que —según este decreto— tienen derecho a ello. Más adelante,
en el artículo 9 se dice que "El Ministerio de Transporte podrá
transmitir la propiedad de los vehículos a copropietarios y familiares
con distinto grado de consanguineidad. Entre ambos artículos aparece el
número 8 que, refiriéndose a los ciudadanos extranjeros residentes
permanentes o temporales, dice que perderán el derecho a su vehículo "si
antes de su salida definitiva del país" no lo han vendido o traspasado
su propiedad según lo que establece este propio decreto.
Se omite deliberadamente una información trascendental para aclarar si
los cubanos, al igual que los extranjeros, pueden vender sus autos a
quienes les parezca antes de salir del país, o cuánto tiempo debe mediar
entre la venta y el inicio de los trámites, cuyo enorme costo podría ser
sufragado en parte si esto se permitiera. Esta ley puede ser un avance o
un ejemplo de cómo quedará redactada la que instrumente la compraventa
de viviendas, donde muchos se hacen la misma pregunta. Mientras,
Papá-Estado se cuestiona a cuánto podría elevarse el número de
candidatos a emigrar, cuando después de vender sus bienes tengan la
oportunidad de solventar los gastos, calculados en unos tres mil dólares
por persona: pasaje, visa, pasaporte, permiso de salida, chequeos
médicos, legalización de documentos y dinero de bolsillo.
Los hijos bastardos
No se puede negar el impacto que tendrá en la sociedad la redistribución
de ese tradicional símbolo de estatus que es poseer un auto. Durante
décadas (mediados de los 70 hasta principio de los 90) la asignación de
un vehículo, o lo que es igual, la oportunidad de comprarlo nuevo,
subvencionado, y a plazos, era equivalente a un reconocimiento de la
confianza depositaba por la revolución en el beneficiario; era un título
de legitimidad.
A pesar de lo que decían entonces los humoristas, que los cubanos eran
muy creyentes, porque compraban un Lada y creían que habían adquirido un
automóvil o que el Moskovich era en realidad un tarekovich y el Fiat
polaco un probable supositorio, aun así, todos eran vistos como un
premio indicador de los méritos acumulados, la importancia de la labor
desempeñada o las buenas relaciones con las altas esferas del poder. En
las letras pequeñas del contrato se advertía que el vehículo no podría
ser vendido a otro particular ni la propiedad ser transferida a ningún
familiar en vida del dueño, pues solo la herencia, tras el inexcusable
trámite de la muerte debidamente certificada, permitía que el carro
pasara a nuevas manos.
El más joven de esta estirpe de autos tiene hoy, cuando menos, veinte
años de uso, y muchos están ya cerca de los cuarenta. Cortadores de caña
de enormes proezas productivas, médicos con especialidades de alto
nivel, ingenieros, economistas, ¡hasta periodistas!, fueron agraciados
con aquella distribución fundada en la meritocracia.
Ahora, cuando los primeros hijos reconocidos por nuestro patriarcado
tropical ya han convertido en chatarra rodante los símbolos de estatus
del socialismo real, solo ahora, los hijos bastardos podrán acceder a lo
que los primeros vayan dejando. Con mucha suerte habrá chance de comprar
(de segunda o tercera mano) alguno de los adquiridos en los últimos años
por la generación legitimada durante el socialismo reformado, y —¿por
qué no?— los que estos favoritos puedan adquirir en lo adelante, en esos
mercados donde solo funciona la moneda santificada.
Los dirigentes de este proceso, tenido por reformista según ilusionados
cubanólogos, han anunciado que en la próxima Conferencia del Partido
Comunista se trabajará, entre otras cosas, en la dirección de eliminar
los prejuicios contra las formas no estatales de producción. Sería
interesante saber si este decreto ley, que menoscaba el poder
adquisitivo del dinero obtenido por los caminos paralelos al Estado,
contribuye a erradicar o a fortalecer esos prejuicios enraizados en una
mentalidad retrógrada, anticapitalista, sí, pero más por su vocación
feudal que por su esencia proletaria.
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