El Gobierno español ha concedido 53 estatutos de asilo a los cubanos
acogidos
Según datos aportados, del total de solicitudes, se han resuelto 447, de
las que 53 son de asilo y 394 de protección subsidiaria
EFE, Madrid | 15/06/2011
El Gobierno español ha concedido hasta el momento la condición de
refugiado político a 53 ciudadanos cubanos, entre disidentes y
familiares, acogidos en España desde el pasado mes de julio cuando el
régimen castrista comenzó el proceso de excarcelaciones de presos políticos.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan
Antonio Yáñez-Barnuevo, facilitó hoy esta información durante una
comparecencia en el Congreso para dar cuenta, a petición del opositor
Partido Popular (PP), del proceso de acogida de opositores cubanos.
Desde julio de 2010 hasta el pasado mes de abril, llegaron a Madrid 115
presos de conciencia y 647 familiares, en total 762 personas, por el
acuerdo entre el régimen castrista, la Iglesia cubana y el Gobierno español.
De ellas, 740 han solicitado el asilo o la protección subsidiaria, un
régimen jurídico más flexible que el de refugiado político al permitir
tener tarjeta de residencia y de trabajo, y poder volver a Cuba.
Según los datos del Ministerio español del Interior aportados por
Yáñez-Barnuevo en la Comisión de Asuntos Exteriores, del total de
solicitudes, se han resuelto 447, de las que 53 son de asilo y 394 de
protección subsidiaria.
Antes de que acabe el mes, habrá una nueva reunión de la Oficina de
Asilo para dictaminar otros 81 casos —75 de protección y seis de
estatuto de refugiado—.
Yáñez-Barnuevo aseguró que se está respetando de forma escrupulosa el
plazo de resolución de las peticiones —seis meses— y que en los casos en
los que ha habido una demora, fue por responsabilidad "única y
exclusiva" de los solicitantes.
Citó algunos casos de excarcelados que interrumpieron su petición de
asilo para recuperar el pasaporte y poder así viajar a países europeos,
lo que implicó empezar de cero el proceso cuando regresaron.
El secretario de Estado también hizo hincapié en que todos los cubanos
acogidos han visto garantizados sus derechos desde que llegaron a España.
Por ello, dejó claro que "en ningún caso se ha dado esa situación de
supuesto 'limbo jurídico' que se ha mencionado incorrectamente en
algunos medios (de comunicación)", como denunciaron algunos excarcelados.
Yáñez-Barnuevo rechazó hablar de destierro para definir la salida de
Cuba de los disidentes y familiares acogidos en España en el último año.
Subrayó que todos ellos salieron de forma "voluntaria", y constándolo
"fehacientemente por escrito", cuando el arzobispo de La Habana, Jaime
Ortega, les trasladó la oferta de salir de la Isla.
Sin embargo, el diputado del PP Teófilo de Luis manifestó que a los
excarcelados "no se les dejó ninguna opción de permanecer en Cuba" y se
"les forzó al destierro".
"Me lo dijo el propio cardenal Ortega", reveló De Luis en referencia al
encuentro mantenido con el arzobispo cuando visitó Madrid el pasado
noviembre.
El diputado del PP censuró a Ortega por estar colaborando de forma
"inmisericorde y vergonzante" con la dictadura cubana para beneficio de
ésta.
También lamentó que el Cardenal, "no en nombre de la Iglesia católica,
sino exclusivamente personal", viajara a Bruselas "mandado" por el
régimen castrista el pasado mes de mayo para pedir a la UE que
suprimiese su política hacia Cuba, la Posición Común.
"Es un rol que no le corresponde ejercer. El Gobierno de Cuba tiene que
hablar con el pueblo de Cuba, no es el Gobierno cubano el que tiene que
mandar al cardenal a Bruselas para defender el levantamiento de la
posición común", criticó.
Según el diputado del PP, el destierro no es algo de lo que los
españoles tengan que sentirse orgulloso.
Yáñez-Barnuevo sostuvo que el Gobierno español se sigue esforzando al
máximo para prestar la ayuda económica, jurídica y sanitaria a los
disidentes y sus familiares.
Reconoció que la homologación de títulos universitarios, una de las
principales demandas del colectivo cubano, es un proceso "lento y
costoso", pero confió en que se resuelva en un plazo de tiempo "razonable".
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