Cuba-EEUU: una ruta para liberar a Alan Gross
La utilidad para el Gobierno cubano de retener a Alan Gross en la Isla,
una vez terminado el juicio, comienza a disminuir
Arturo López-Levy, Larry Wilkerson, Virginia | 06/03/2011
El juicio contra el subcontratista de la USAID Alan Gross es una
oportunidad para que el Gobierno cubano demuestre, tanto las bases
legítimas de su defensa nacionalista contra la política intervencionista
norteamericana, como su buena voluntad hacia los millones de
norteamericanos que se oponen a la política de Washington hacia Cuba. Al
final del juicio debe hacerse evidente que los estadounidenses que
viajen a Cuba no tienen nada que temer si mantienen una saludable
distancia de los programas de cambio de régimen, y que Washington y la
Habana ganarían desmantelando la lógica de hostilidad.
El juicio sirve al Gobierno cubano para generar tres efectos:
Primero, movilizar el nacionalismo de la población cubana al denunciar
la injerencia extranjera en los asuntos internos cubanos. En este
sentido, el juicio debe esclarecer si Gross informó a los líderes de la
comunidad hebrea de su vínculo con el programa Cuba de la USAID,
auspiciado bajo la ley Helms-Burton. De no existir ese consentimiento
informado, será obvio el carácter encubierto del programa y el riesgo en
el que se colocó a cubanos involucrados, violando normas elementales de
un programa de asistencia internacional al desarrollo. La Administración
Bush, gestora del proyecto, nunca estuvo interesada en la promoción de
la sociedad civil cubana, sino en el uso de intercambios religiosos como
arma para promover la "inestabilidad", como confesó su subsecretario
Roger Noriega.
El juicio es, en segundo lugar, un disuasivo ejemplarizante contra el
involucramiento de cubanos, norteamericanos o nacionales de terceros
países en los programas de cambio de régimen impuestos desde Washington
bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton.
Nadie después de Alan Gross podrá decir que no sabía que corría riesgos
de condenas de hasta veinte años. Todo lo relacionado con la ley
Helms-Burton es rechazado por la sociedad civil cubana, pues carga el
estigma de una intervención ilegal en asuntos de exclusiva soberanía cubana.
Tercero, la denuncia del programa Cuba de USAID activará la repulsa
internacional a la política norteamericana hacia Cuba. La divulgación
del carácter encubierto e injerencista del programa dañará la
credibilidad de la USAID en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o
Ecuador, donde sus gobiernos quieren reducir la influencia legitima
norteamericana derivada de auténticos programas de asistencia al
desarrollo. Es un daño intangible pero significativo a la política
exterior de Obama, focalizada en el uso del poder atrayente
norteamericano y el tendido de puentes. EEUU tendrá que reflexionar
nuevamente sobre la racionalidad de subordinar sus intereses
estratégicos en el hemisferio a la politiquería electorera del sur de la
Florida.
Castigar a la ley Helms-Burton, liberar a Alan Gross:
La esperanza de la Subsecretaria Roberta Jacobson de que Gross sea
juzgado y enviado a casa es razonable. Por ser el primer norteamericano
arrestado bajo la ley de defensa de la soberanía y la integridad
territorial cubana, Gross debe contar con el beneficio de la buena
voluntad cubana hacia el pueblo norteamericano.
La utilidad para el Gobierno cubano de retener a Alan Gross en la Isla,
una vez terminado el juicio, comienza a disminuir. Una vez denunciada la
política enunciada en la ley Helms-Burton, el único beneficio para el
Gobierno cubano de mantener a Gross en prisión es la mención frecuente,
como asociación a su caso, de la situación de los cinco cubanos
condenados en Miami bajo acusaciones de espionaje, en juicios
considerados por Amnistía Internacional y el grupo de la ONU sobre
detenciones arbitrarias, como carentes de garantías de justicia e
imparcialidad. Nótese que la abogada que representa a Gross en el juicio
es la misma que ha asesorado la acción de los familiares de los cinco.
En esa circunstancia sería muy útil la intervención de una o varias
personalidades norteamericanas reconocidas por su prestigio, como los
dos senadores de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores
John Kerry y Richard Lugar. Tal visita podría ser precedida por una
delegación de la Conferencia de organizaciones judías norteamericanas,
que interactuando con la oficina de asuntos religiosos y el liderazgo de
la comunidad hebrea cubana, recogerían de primera mano su visión sobre
la ley Helms-Burton y la utilización (inefectiva) de los contactos
inter-religiosos como arma política para imponer un cambio de régimen.
La visita sería una ocasión propicia para que la prensa norteamericana
reporte sobre lo factible y favorable de los viajes de los
estadounidenses a la Isla, en el contexto de un regreso de Gross a casa.
Los visitantes norteamericanos deberían a su vez escuchar a los
familiares de los cinco cubanos arrestados en EEUU y reflexionar sobre
las circunstancias en que se dio el juicio a los mismos. Tal dinámica
daría impulso a los que abogan por un cambio de política norteamericana
hacia Cuba y crearía espacios a otros gestos sustanciales de distensión
por parte del Gobierno norteamericano, antes del inicio de la temporada
electoral (Eliminación de Cuba de la lista de países terroristas;
cancelación de las medidas de embargo que afecten al sector privado
emergente en Cuba; posibilitar la venta de alimentos a crédito).
La tragedia personal de Alan Gross, ciudadano norteamericano con
intereses en la asistencia internacional al desarrollo, ha revelado una
vez más el daño —para la sociedad estadounidense— de permitir el
secuestro de sus valores por agendas ajenas a los derechos humanos y sus
intereses estratégicos. EEUU no tiene que disculparse por la promoción
de sus valores democráticos pero, el ejercicio de esos principios no
debe enmascarar políticas de reclamación de propiedades o cambio de
régimen a través de injerencias ilegales.
Cuba, por su parte, no debe servir a los intereses de aquellos que
aprobaron la ley Helms-Burton y que quieren convertir a Alan Gross en un
obstáculo insalvable para el avance de mejores relaciones con EEUU.
Contra la ley Helms-Burton y sus programas, toda la fuerza del derecho y
la justicia. Hacia Alan Gross y su familia, toda la apertura y
cordialidad cubana necesaria para acortar las distancias entre
sociedades de Cuba y EEUU.
Larry Wilkerson es profesor visitante Harriman del Colegio de William
and Mary en Virginia. Es coronel retirado de las Fuerzas Armadas de EEUU
y ex jefe del gabinete del Secretario de Estado Colin Powell (2001-2005).
Arturo López-Levy es conferencista y candidato a Doctor en la Escuela
Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver.
Una versión de este artículo fue publicado por The Washington Note en
inglés.
http://www.thewashingtonnote.com/archives/2011/03/a_road_map_to_s/
http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/cuba-eeuu-una-ruta-para-liberar-a-alan-gross-257535
No comments:
Post a Comment