Delito económico, la trampa en el camino
YOANI SÁNCHEZ, La Habana | 22/05/2017
Represión, Delitos económicos, Seguridad del Estado, Mercado informal
La vendedora describió en un murmullo su mercancía: bistec de caguama,
carne de res y camarones. El hombre salivó, pero respondió que no podía
comprar ninguno de esos productos, los más perseguidos del mercado
informal. Todo opositor sabe que las autoridades desearían juzgarlo por
un "delito económico", y quizás aquella vendedora solo era el cebo.
Las técnicas que utiliza un Gobierno autoritario para controlar a los
ciudadanos pueden ser tan variadas como fértil la imaginación de los
represores. Algunas se diseñan en oficinas climatizadas bajo estudiadas
metodologías, mientras que otras surgen sobre la marcha, a partir de
situaciones aparentemente fortuitas.
¿Son las estrecheces económicas que vivimos un calculado escenario para
mantener a los cubanos encerrados en el ciclo de la sobrevivencia?
¿Tantas prohibiciones buscan que nos quedemos paralizados cívicamente al
sentirnos culpables y con un pie en la cárcel?
Más allá de las teorías de la conspiración, el oficialismo ha manejado
el mercado informal como válvula de escape de la inconformidad,
entramado para recopilar información sobre la Cuba profunda, elemento de
chantaje contra los ciudadanos y señuelo para cazar contrincantes políticos.
La Plaza de la Revolución ha convertido su pésima gestión económica en
otra manera de mantener en un puño a la sociedad. Sabe que las familias
harán todo lo posible para completar la ración de comida y apelarán a
las redes subterráneas para adquirir desde zapatos para sus hijos, hasta
los dólares que en las cajas de cambio oficiales tienen un gravamen del 10%.
En muchos casos se trata solo de esperar, como la araña que sabe que el
pequeño insecto tarde o temprano caerá entre sus pegajosos hilos. A la
Seguridad del Estado solo le queda aguardar a que un disidente compre
café "por la izquierda" o se atreva a cambiar los azulejos del baño
junto a un albañil que no tiene licencia.
Aunque es una práctica que se realiza desde hace muchos años, en los
últimos meses ha aumentado la tendencia a acusar por supuestas
infracciones económicas a los activistas. Les imputan delitos que el
común de los nacionales comete cada día bajo la mirada condescendiente
de la policía y la complicidad de funcionarios o administradores
estatales. Sin embargo, en el caso de un opositor, la ley tiene la
capacidad de ser más estrecha, más rígida y de cumplirse a rajatabla.
En todos los foros internacionales el Gobierno de Raúl Castro se ufana
de no tener prisioneros políticos y lo argumenta criminalizando
severamente, pero de forma políticamente selectiva, asuntos tan
triviales como guardar en casa cuatro sacos de cemento o unos galones de
combustible, sin poder mostrar los papeles que justifiquen su compra en
las tiendas estatales.
Al periodista Henry Constantín se le acusa de "usurpación de capacidad
legal" por trabajar como reportero en una publicación independiente,
pero decenas de exmilitares son nombrados gerentes de instalaciones
turísticas sin jamás haber estudiado gestión hotelera ni administración
empresarial. Ninguno de ellos ha sido amonestado por desempeñarse en un
cargo para el que no está preparado.
Karina Gálvez, miembro del Centro de Estudios Convivencia, está siendo
procesada por una presunta "evasión fiscal" durante la adquisición de su
casa. Sin embargo, antes de que entrara en vigor la nueva tasa
impositiva para las operaciones de compraventa de viviendas, miles de
cubanos abarrotaron las notarías para realizar sus trámites bajo los
anteriores impuestos, muy alejados de las reales tarifas del mercado
inmobiliario. Ninguno resultó sancionado.
Eliécer Ávila, líder del Movimiento Somos+, sufrió el allanamiento de su
casa y se le imputa un delito de "actividad económica ilícita". Su
"crimen": tener una laptop, discos regrabables y varias máquinas de
afeitar desechable. A diferencia de esos prósperos artistas que importan
el último iMac del mercado o de esos "hijos de papá" que tienen una
antena parabólica para ver la televisión de Miami; el activista cometió
la infracción de decir que quiere ayudar a cambiar su país.
La lección es que no importa cuál es el grado de la ilegalidad económica
que se cometa, siempre y cuando se mantenga la boca cerrada en cuanto a
críticas hacia el Gobierno. No es lo mismo comprar carne de res en el
mercado informal protegido por la simulación ideológica, que hacer lo
mismo cuando se pertenece a un movimiento opositor.
La "bolsa negra" puede llegar a convertirse en cerco, lazo, hueco y
engaño para los que no aplauden.
Source: Delito económico, la trampa en el camino -
http://www.14ymedio.com/blogs/generacion_y/Delito-economico-trampa-camino_7_2222247755.html
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