La vida es un Carnival
JUAN ANTONIO BLANCO | Miami | 25 Abr 2016 - 9:29 am.
Por estos días, la apasionada controversia suscitada en torno a la
empresa de cruceros Carnival me recordó esa canción de la inmortal Celia
Cruz, "La vida es un carnaval". Una desatinada decisión de esa compañía
desató las críticas de la comunidad cubanoamericana, tanto entre
aquellos a los que no les interesaba por ahora viajar a la Isla, como de
quienes acostumbran hacerlo aunque en su mayoría prefieren la vía aérea.
La explicación es sencilla: defienden un derecho inalienable y
universal. El de entrar libremente a su país de origen sin pedir
permisos, cuando lo prefieran, por el medio que quieran y por el tiempo
que deseen. El hecho de que Carnival se plegara inicialmente a la
demanda del Gobierno cubano, al negarse a trasportar pasajeros de ese
origen en sus viajes a la Isla, fue la última gota que llenó una amplia
copa de abusos comerciales y violaciones legales de los derechos de la
diáspora cubana. Lo que hizo más lacerante este último insulto fue la
pretensión de aplicar, esta vez de forma extraterritorial, las
restricciones de viaje a los nacionales residentes en el exterior.
Algunos de los abogados y gerentes de la empresa fueron incapaces al
inicio de entender la situación, y probablemente la interpretaron en
clave política: "son esos pocos que se oponen al deshielo entre ambos
países". Su ignorancia los condujo a desinformar a los altos ejecutivos
de la empresa sobre lo que estaba en juego.
Al negarse a vender boletos a personas de origen cubano, Carnival
violaba la Ley de Derechos Civiles de 1964 que establece que no se puede
negar hospedaje —los cruceros no son solo medios de transporte, sino
también hoteles flotantes— a una persona por razón de su pertenencia a
un grupo determinado. Carnival había cruzado una línea roja. Había
insultado no solo a los cubanoamericanos sino a cualquier grupo social
—judíos, negros o incluso musulmanes y cualquier otro— que pudiera ser
objeto de discriminación en el futuro.
Los cubanos no estaban solos. La ley internacional (Artículo 13 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos), la citada legislación de
EEUU y la solidaridad de otros grupos potencialmente vulnerables estaban
de su lado. La empresa cambió su postura y anunció que recomenzaría la
venta de boletos a personas de origen cubano y aplazaría la salida de
sus viajes hasta que el Gobierno de la Isla autorizara su entrada al
país. Pocos días después, el Gobierno cubano anunció que permitiría
viajar en barcos de pasajeros y mercantes a aquellos cubanos que
tuvieran el permiso de entrada para visitar el país en que nacieron. En
dos palabras: se replegó. La industria turística, que aporta
considerables ingresos al Estado, tiene un déficit de decenas de miles
de habitaciones. Los cruceros le traen mercado y aportan su hospedaje.
Sin duda es legítimo celebrar la rectificación corporativa de Carnival y
el repliegue político del Gobierno cubano. Pero falta un detalle adicional.
A diferencia del avión —que es exclusivamente un medio de transporte del
que los pasajeros tienen que descender con una visa para que la nave sea
serviciada y no se imponga una multa a la empresa— los cruceros son un
hospedaje flotante y sus inquilinos no están obligados a bajarse del
barco. Pueden permanecer a bordo si así lo prefieren. Un barco es
considerado territorio de la nación bajo cuya bandera navegan aun cuando
estén en aguas y puertos de otro país. Las autoridades portuarias tienen
derecho a objetar solo aquellas actividades del navío que provoquen la
contaminación de las aguas o medio ambiente natural.
Aunque resulte aparentemente ilógico desde el punto de vista económico,
si un cubano desea comprar su boleto sin tener el permiso de entrada a
la Isla —porque el régimen en Cuba se lo ha negado—, debería comprarlo
bajo el entendido de que no bajará de la nave al llegar a puertos
cubanos. Si en territorio de EEUU se le negara adquirir el "hospedaje a
bordo" en esas condiciones se continuaría la violación de sus derechos
por razones discriminatorias.
No dudo que, entre los cientos de miles a los que por todas estas
décadas se les ha negado la entrada al país en que nacieron, haya
algunos que deseen ver de cerca su ciudad natal aunque sea desde un
camarote. Si eso es lógico o no, si son cinco o cinco mil los que desean
ejercer ese derecho, esa debe ser su decisión personal. La empresa de
cruceros no debiera negarse a venderle hospedaje a bordo por no tener un
permiso de entrada a la Isla.
La empresa Carnival nunca fue "el enemigo" aunque inicialmente se
alineara —por ignorancia y/o petulancia de algún asesor despistado— con
aquel. El enemigo de los derechos de la diáspora cubana es el régimen
que existe en la Isla. Y la prohibición de viajar por mar al país en que
se nació es solo uno de los múltiples abusos vigentes.
La determinación e inteligencia colectiva desplegada exitosamente para
enfrentar este insulto, habría ahora que extenderla al largo pliego de
demandas de los cubanos radicados en el exterior: persistencia de los
permisos de entrada bajo otro nombre (pasaporte "habilitado"); costos
inverosímiles de trámites consulares, pasajes y comunicaciones;
arbitrariedades en el trato de inmigración y aduanas; insensibilidad y
maltrato de representantes consulares ante tragedias humanas (como es el
caso con el actual éxodo) y una lista interminable de otros atropellos.
A menudo hay cubanos que desde el exterior se preguntan por qué los que
viven en la Isla no se manifiestan de forma masiva para reclamar sus
derechos. Sin embargo, es hora de que los que ahora viven en países con
libertades democráticas, se pregunten también cuándo van a organizarse y
movilizarse a escala internacional para defender sus derechos
específicos como diáspora cubana. Si inspirados por esta victoria
parcial con el tema de los viajes en cruceros eso comenzara a ocurrir,
se abriría la posibilidad de alcanzar triunfos de mucha mayor
envergadura en este campo.
Source: La vida es un Carnival | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1461530808_21905.html
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