El primer destinatario

El primer destinatario
MANUEL CUESTA MORÚA | La Habana | 9 Jun 2014 - 9:20 am.

Buenas intenciones y varios errores: la Carta Abierta de 40
personalidades a Barack Obama solicitando la flexibilización del embargo
debió enviarse, primero, a Raúl Castro.

La Carta Abierta al presidente Barack Obama firmada por 40 prominentes
personalidades en los Estados Unidos desata y actualiza, una vez más, el
debate sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Su intención general es
loable y la suscribo en su concepto de que el acercamiento entre países
que se han autopercibido y actúan como enemigos es una buena apuesta
para lograr cambios detrás de las fronteras del conflicto. Cuba y la
armonía geoestratégica en el hemisferio occidental lo demandan.

En tal sentido la política no es una táctica, el movimiento en el
tablero de determinadas piezas con el fin de lograr un fin estratégico,
sino un desplazamiento en la visión de cómo reestructurar las relaciones
entre dos países que se han entendido muy mal durante más de medio
siglo. Aquí la estrategia se convierte de por sí en la táctica.

Pero percibo un error en el orden de los destinatarios. El primer
receptor de una misiva de tal naturaleza debió ser el presidente
designado Raúl Castro, no el presidente electo Barack Obama. Y por una
razón que en la carta se esgrime: el Gobierno de Estados Unidos ya ha
dado pasos en la dirección descrita y deseada por amplios sectores. La
duración de estos cambios (seis años), su magnitud (una gama amplia de
recursos, sectores y segmentos) y su profundidad (un espectro de
personas que exceden los tradicionales vínculos familiares) habrían sido
más que suficientes para que la sociedad civil hubiera salido ya de la
zona económica de taxeo, en lo que a ayuda desde Estados Unidos se
refiere, despegando hacia las primeras alturas donde el vuelo adquiere
fuerza y estabilidad.

Si la sociedad civil, en lo que toca a la economía —en una concepción
típicamente hegeliana de lo que también puede ser la sociedad civil― no
cuenta con un tejido más o menos sólido, se debe a la idea restrictiva
que de la economía civil tiene el Gobierno cubano. La precariedad de
esta economía no se explica por la insuficiencia de recursos diversos
provenientes del exterior, sino por la construcción deliberada de un
modelo subdesarrollado de sociedad civil en el que las clases medias, el
emprendimiento y la inversión no tienen espacios.

No cabe pensar entonces que los incipientes sectores económicos
independientes en Cuba son débiles por falta de recursos. Lo son por la
limitación conceptual de las reformas. De modo que lo necesario en Cuba
es que el Gobierno acabe de hacer una profunda reforma en la zona de lo
prohibido para que se haga la luz en economía.

De ahí nace el segundo error en las buenas intenciones. Y como dice el
proverbio, el demonio está en los detalles. No hay sintonía entre el
propósito y las herramientas que se proponen en la Carta Abierta con las
condiciones reales en el terreno. Para ser receptor de importaciones,
créditos y servicios; al mismo tiempo que emisor de exportaciones en
Cuba se requiere una reforma, sea de hecho, sea legal, que permita al
sector privado operar en el ámbito del comercio y el crédito
internacionales. Las licencias que podría otorgar el Departamento del
Tesoro no tienen alcance sobre la legislación cubana, ni compatibilidad
con los cambios producidos; tampoco capacidad para producir vuelcos de
mentalidad en el Consejo de Estado en Cuba.

Todo proceso político de reciprocidad exige una lógica interna que haga
efectiva las acciones probables de una agenda política: solo después de
eliminado en Cuba el permiso de salida, tiene sentido el otorgamiento de
visas de entrada y salida a Estados Unidos por cinco años. Y el impacto
políticamente potencial de esta medida no ha sido calibrado en su
magnitud. Primero Cuba, luego Estados Unidos.

Averiguar por el no lugar del pequeño sector privado dentro de la Isla
en la reciente Ley de Inversiones Extranjeras sería un buen dato para
saber que se requiere una reforma que antes le confiera a aquel
capacidad legal para endeudarse con bancos norteamericanos. No se trata
de cantidad sino de cualidad. Y la cualidad del proceso está en La
Habana, no en Washington.

Quienes apostamos por el soft landing necesitamos toda la finura posible
en el diseño estratégico porque corremos el riesgo de ser acusados de
cínicos. La apuesta no puede ser meramente retórica si queremos impedir
la deflagración total de la agenda del diálogo y el acercamiento. Ya
hubo una incursión fallida de la jerarquía católica cubana por las
arenas de la política, que le agotó prematuramente su fuerza de
interlocución, parece que también su credibilidad, frente a diferentes
actores de la realidad cubana. Y de muchos que son serios en la arena
internacional.

La lección es que si el menú de buenos propósitos no se corresponde con
el análisis evidentemente objetivo de los hechos, es imposible obtener
resultados estructurales y de mediano plazo como efecto de la aplicación
real de las opciones propuestas. Quienes creemos en la apertura y el
diálogo tenemos más exigencias que aquellos que confían en las opciones
de acoso y derribo. Ante el fracaso estos pueden aducir que les falló la
puntería. En el mismo escenario nosotros tendríamos que defendernos en
tres terrenos: nuestra condición ética, nuestra cabeza política e
intelectual y nuestra integridad psicológica. Unos desafíos que
descarrían a las mejores mentes.

Los hechos en Cuba son brutalmente antieconómicos. El Gobierno acaba de
enviar un mensaje en la frontera a los miles y miles de agentes
económicos individuales que, provenientes en lo fundamental de Estados
Unidos, sostienen la cadena alimenticia del sector privado,
advirtiéndoles de que se les decomisarán los bienes que importen sin
justificación filial. Un ciudadano está corriendo el peligro de ser
incluso juzgado y condenado a tres años de privación de libertad por
introducir en el país 150 memorias flash. Puede que no tenga 150
parientes en la Isla.

Y parece cada vez más evidente, en otra orientación del análisis, que la
autonomía de los actores económicos no impacta necesariamente en el
terreno de las libertades civiles. Más axiomático aún, que solo la
combinación entre Estado de derecho y sociedad civil puede generar
condiciones, garantías y confianza para el progreso de cualquier agenda
económica. El punto de partida de cualquier crecimiento del bienestar
económico está inicialmente en la sociedad civil, no directamente en la
economía. Sociedad civil y Estado de derecho son las dos inversiones
extraeconómicas que más potencian la economía de una nación: le
proporcionan estabilidad en todos los plazos y acumulación sostenida de
capital para la reinversión en el conocimiento y el desarrollo. Todos lo
sabemos: solo son productivas las reglas del juego que son claras e
iguales para todos.

La Carta tiene, no obstante y entre otras, una virtud que me gustaría
ponderar. Identifica a los sectores que ciertamente le dan vitalidad
económica a una nación, incluso en los mismos Estados Unidos: la pequeña
y mediana empresas, que son la base medular de las clases medias. Ello
desinfla la noción de un Estado incapaz de comprender las reales
potencialidades y dimensiones de la economía cubana, que le ha dado por
la pretensión de jugar con los grandes conglomerados económicos, con las
maldecidas transnacionales, y que cree puede ofrecerle algo, de igual a
igual, a un Warrent Buffet, a la Texaco o a la Halliburton.

De ser satisfecha tal pretensión supondría un golpe de autoridad y
prestigio económicos que no se corresponde con el historial del
Gobierno, y llevaría a fortalecer corporaciones y oligarquías nacionales
sin justificación en las condiciones naturales y primarias de la
economía cubana: la magnitud de los recursos petroleros, minerales,
agrícolas, o de cualquier índole, no dan para fundar emporios naturales
en la estructura socio-económica del país. Nuestros potentados son meros
rentistas con afiladas herramientas de extracción, innecesarios para la
fluidez de la economía. En Cuba ni los marqueses ni los monopolios
promovieron la riqueza social.

Eso traduce una comprensión de nuestra realidad económica por parte de
los promotores de la Carta que merece ser compartida con la elite de
poder cubana. Las transnacionales no son imprescindibles para nuestra
reconstrucción. Somos tan débiles que una sola empresa de escala puede
acabar con un proyecto de país.

En otras palabras. No hay justificación económica —¿dónde está nuestro
esquisto?— para prolongar una dictadura con capital norteamericano. Una
ironía si las hay.

Lo que me provoca una última reflexión. A diferencia de otras regiones,
ningún actor democrático cubano debería nublar la dimensión moral del
cambio. Los reajustes del poder han generado en Cuba dos sectores
duramente marginados: quienes han perseverado en la inventiva económica
y quienes han insistido en las libertades políticas; en conexión tanto
con el resto del mundo como específicamente con Estados Unidos. No
habría en nuestro caso ninguna consistencia moral si la incorporación de
la elite cubana a la realidad global no pasa simultáneamente por la
incorporación de toda la sociedad, empezando real y simbólicamente por
quienes fueron históricamente marginados. Y el Gobierno de la Isla
insiste en exportar marginados económicos y marginados políticos. Ni
Barack Obama ni ningún presidente norteamericano puede impedir estas
derivas del fracaso.

Pero no podemos olvidar, en cualquier aproximación, que hay maneras no
violentas de hipotecar el futuro. Una de ellas es reintroducir una
fractura moral en el mismo espacio donde se introdujeron múltiples
fracturas nacionales.

Source: El primer destinatario | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1402298442_8956.html