El debate constitucional en Cuba - dos alternativas

El debate constitucional en Cuba: dos alternativas
Una Constitución que, como un sistema inmunológico fuerte, nos defienda
contra todos los vendedores de milagros, los mesías, los autócratas, los
caudillos, los aspirantes a dictador
martes, junio 17, 2014 | Manuel Cuesta Morúa

LA HABANA, Cuba -El pasado 9 de junio el semanario Trabajadores reseñaba
en uno de sus artículos, titulado "¿Una nueva Constitución?",un texto
aparecido en el blog La Joven Cuba con la entrada: "Cuba ¿tiempo para
una nueva Constitución?" Un evento en los medios oficiales que merece
acercamiento.

Trabajadores aprovechaba también la oportunidad para destacar, a su vez,
un segmento de los debates que existen en la web sobre temas
constitucionales, inconexos por cierto, donde destaca las opiniones de
especialistas sobre la adecuación o no de la actual Constitución cubana
a los tiempos que corren, y la consiguiente necesidad de que sea
cambiada o reformada.

Es esta una noticia excelente que saludamos desde la iniciativa
ciudadana Consenso Constitucional. Que una publicación vinculada al
Estado comunique a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, de la
existencia de una corriente académica e intelectual ―asertiva o ligada
con el poder o la ideología oficiales― que ve como urgente una profunda
controversia en torno a la Constitución, reconduce toda la discusión de
las reformas en Cuba al plano fundamental: el de las reglas del juego
que, como las leyes del tránsito, deben regular civilizadamente la
convivencia social y el tipo de relación entre los ciudadanos y el
Estado. Es este un debate del que debió informarse, por ejemplo, previo
a la discusión y reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras
recientemente aprobada. No precisamente por el pueblo.

No obstante, se trata de un hecho noticioso del poder, inédito de
acuerdo a mis informaciones, que muestra al público los nombres de una
conciencia intelectual consentida, a la espera de que sus ideas se
conviertan además en iniciativa política. A decir verdad, en el 2009 la
revista Espacio Laical propició un intercambio acerca del asunto, del
mismo modo que lo hizo la revista Temas en el año 2012. Más atrás en el
tiempo, un intelectual cubano-americano de cátedra en la universidad de
Harvard, Estados Unidos, había hecho una propuesta notable de reforma
constitucional, que de seguro debatió al menos con sus aventajados
alumnos. Sin desgranar, por otro lado, el tiempo y los esfuerzos que
organizaciones de cubanos fuera del país vienen dedicando al tema de la
Constitución en Cuba. Lo nuevo aquí es que se saca todo esto de la
discusión de cámara para arrimarlo al cubano de a pie. Es como un
anuncio de que va a sonar un disparo de salida, reconociendo que ha
empezado la carrera en pos de la Carta Magna. ¿Por qué ahora y no antes?

La propuesta concreta

La pregunta que sobreviene a continuación es si y cuándo el Estado ―el
actor que esta conciencia intelectual y académica considera como el más
legítimo― va a disparar en la línea de salida. Es decir, cuándo del
debate profesoral se va a pasar a la propuesta concreta.

Parece que hay cierto apuro en el gobierno cuando un semanario como
Trabajadores, que no se le ha ocurrido exigir la publicación del Código
del Trabajo recién discutido y aprobado, adelanta el tema del cambio
constitucional. Lo que invita a la cautela.

Hay que estar bien alertas, aunque la mía es optimista, cuando de pronto
el gobierno pasa del "sin prisa pero sin pausa", que a la manera de un
mantra pronuncia una y otra vez el presidente designado Raúl Castro, a
la prisa habitual de los Estados totalitarios, que de súbito pretenden
construir el mejor de los mundos imposibles.

Del silencio oficial sobre un tema impostergable, emerge ahora una
corriente de cambio constitucional que no guarda relación alguna con el
modo en el que viene operando el gobierno en materia jurídica.

En vez de ir del derecho a los cambios en los hechos, las autoridades
cambian la realidad y después analizan cómo modifican la ley; en vez de
un análisis general del texto constitucional para determinar su
correspondencia con las mutaciones de la realidad, tanto del país como
del mundo, se hacen reformas parciales en ámbitos jurídicos específicos
sin analizar su relación con el resto de los ámbitos y su necesidad de
adaptación ―como si un cambio en un área concreta no afectara al resto
del atlas legal; en vez de contrastar los cambios en la ley, y cómo
podrían vulnerar o respetar la Constitución, se manda a paseo esta
última con el propósito de regular las necesidades prácticas del
gobierno y su burocracia, y en vez de dar participación a los ciudadanos
en la fase anterior a la creación o modificación de la ley, solo se les
informa de la ley creada o modificada, o de la voluntad del Estado de
inventarla o cambiarla. En ninguna de estas variantes, el soberano, el
pueblo, de donde según el Artículo 3 de la Constitución vigente, ―en su
parte descifrable―, dimana todo el poder del Estado, puede ejercer la
soberanía. Es la maldición latinoamericana de la ley acatada pero
incumplida.

La Constitución de 1976

La lógica de este procedimiento es la siguiente: los cambios legales
solo se producirán en las áreas de interés del gobierno y de un modo que
faciliten y garanticen la gestión del poder en los nuevos tiempos
modernos. No es casual que, con toda lentitud, se hayan hecho
modificaciones al Código Penal, a la Ley de Inversiones Extranjeras, a
la Ley Tributaria y al Código de Trabajo. Áreas en las que el gobierno
busca protegerse de la ciudadanía. A favor de esta, los cambios
migratorios ―la supresión del permiso de salida que obstruía el flujo
torrencial de dinero contante y sonante producido en La Florida― y la
autorización de la compra venta de autos e inmuebles, ―el reconocimiento
legal de un hecho impuesto por la fuerza y extensión de la corrupción
social.

Y de repente el discurso oficial habla, Trabajadores lo es más que
Granma, sobre la probabilidad de una nueva Constitución. ¿Estamos ante
otra alternativa constitucional, ahora desde el gobierno? Imaginación
posible, desde arriba comienza a mostrarse una ansiedad controlada en
esta dirección. Y ya esto es distinto a lo que venía ocurriendo hasta ahora.

El asunto es de suma importancia y obliga a hacer distinciones de
contextos. Porque aunque lo parezca, no es lo mismo reforma o cambio
constitucional que reforma de la Constitución. La Constitución de 1976
ha sido reformada dos veces, en 1992 y en 2002, sin que ello haya
significado reforma constitucional. Ni en su naturaleza, ni en su forma,
ni por sus procedimientos. Una reforma constitucional exige un cambio
precisamente en la naturaleza, en las formas y en los procedimientos. De
modo que en lo esencial, la Constitución soviético-cubana de 1976 sigue
intacta.

Su adecuación, manteniendo los fundamentos originales, es lo que ha
venido haciendo el gobierno a través de la inmensidad de decretos-leyes
sin codificar, y de las distintas comisiones de estudio o de
modificación jurídica. Todo un ajetreo legal que ha alimentado la
ilusión de que en Cuba hay un contexto de cambio constitucional donde
únicamente ha venido ocurriendo un revestimiento jurídico de los
intereses del poder. Solo estamos dentro de un contexto de cambio
constitucional cuando se produce un debate abierto al público sobre los
fundamentos del Estado. Ello no significa que el debate por sí mismo los
cambie, solo quiere decir que en el debate se cuestiona todo: desde la
naturaleza del Estado, hasta sus límites, pasando por la relación entre
este y los ciudadanos.

¿Qué entiende la elite por cambio constitucional?

El debate intelectual en torno a la ley por parte de lo que se viene
conociendo como oposición leal,a laque el historiador cubano Haroldo
Dilla llama acertadamente Acompañamiento Crítico Consentido, no debe
confundirse con una alternativa constitucional. Ella solo parece abrirse
como posibilidad una vez que el discurso oficial permite que este debate
se le ofrezca al público. Y eso es lo interesante: que el gobierno haya
dado permiso a la crítica consentida para que filtre sus preocupaciones
e ideas a los ciudadanos. Pero el hecho de que el intercambio virtual
presentado por Trabajadores carezca de localización física en un espacio
determinado y de localización virtual en una web específica es muestra
de que cierta conciencia intelectual se mantiene dispersa ―en una
discusión que de los asuntos legales puede pasar a la controversia
agrícola―, aguardando porque el gobierno preste oídos a una exigencia y
la convierta en acción política. Y el gobierno parece que comienza a
escuchar la calle y a dar curso público a las ideas de cambio
constitucional de sus intelectuales, reconociendo de paso que nada es
irrevesible. Un gesto importante de legitimación, no imprescindible para
nosotros, a las iniciativas que se mueven por este camino.

Y bienvenido… A las preguntas. Porque, ¿de qué irá la cosa? ¿Qué
entiende la elite por cambio constitucional? ¿Habrá un regreso a la
legitimidad ciudadana que no se invoca en Cuba desde 1939? ¿Volveremos
al Estado de derecho, el que protege las libertades fundamentales de las
personas, gocen o no de sus derechos civiles y políticos? ¿Se colocarán
el Estado y el gobierno de una buena vez por debajo de la ley, de modo
que cualquier ciudadano pueda invocarla frente a aquellos? ¿Regresaremos
al rico espíritu constitucionalista nuestro, que defendía la civilidad
aún en medio de la guerra y pugnaba por enviar a los militares a sus
cuarteles? ¿Nos desprenderemos definitivamente del espíritu soviético,
que la misma Rusia dejó atrás ―claro que para retornar a los zares― que
niega de cuajo la diversidad cultural y la pluralidad política
consustanciales a nuestra nacionalidad? ¿Dónde quedará el concepto de
minorías sin el cual no se logra entender la cultura y dinámica de la
sociedad cubana? ¿Se podrá por fin superar la falsa división entre
revolucionarios y contrarrevolucionarios, en la que los primeros parecen
gozar de todos los derechos y los segundos merecen todos los castigos, y
al margen de la ley? ¿Se defenderán los derechos subjetivos, de modo que
un ciudadano pueda iniciar un proceso judicial contra quienes le llamen,
y por este orden, mercenario, contrarrevolucionario, gusano y,
discúlpenme lo soez, maricón y negro de mierda? ¿Volveremos todos a ser
inocentes hasta que se demuestre lo contrario, acabando con una
mentalidad y cultura jurídicas que nos considera a todos culpables por
definición?

Formular el espíritu de las leyes

La cuestión más importante, entre otras tantas preguntas que podrían
formular los abogados constitucionalistas a su modo y los ciudadanos al
suyo, es la de la legitimidad, es decir, quién tiene el primer, último y
más importante derecho para formular, definir y decidir los qué en el
Estado y en la sociedad.

De la respuesta que se le dé a esta cuestión se perfilan dos
alternativas que, como dos candidatos en unas elecciones, comienzan a
competir por el favor del público ―lo fundamental―, y por el favor de
los tiempos ―lo forzoso.

Es saludable que la respuesta del gobierno se mueva en sintonía con la
parte descifrable del Artículo 3 de la Constitución vigente antes
mencionado. Si así fuere, es recomendable que su reacción frente a
iniciativas ciudadanas como Consenso Constitucional, entre otras, se
mantenga en el nivel que parece desprenderse del periódico Trabajadores:
el nivel político, no policial. A fin de cuentas, no tendría mucho
sentido iniciar una reforma constitucional al mismo tiempo que se ataca
y reprime a los ciudadanos en los mismos derechos que dicha reforma
debería proteger.

En tal sentido, las autoridades podrían empezar a escuchar seriamente a
los cineastas que promueven una Ley de Cine, a los periodistas que
buscan una Ley de Prensa, a la comunidad LGBTI que empuja una Ley por la
igualdad del matrimonio, a los religiosos de todas las religiones que
pugnan por una Ley de Culto y a las miles de organizaciones que demandan
una reforma de la Ley de Asociaciones. Desde ellos mismos.

Pero sin pedir permiso, Consenso Constitucional dio su respuesta a la
cuestión de la legitimidad. Los ciudadanos desde sí mismos, y desde
abajo, pueden y deben formular y definir el espíritu de las leyes que
rigen para todos. No el Estado. El origen del constitucionalismo y de
las Constituciones está en el derecho a impedir, como habría dicho un
buen pensador, que el gobierno haga ciertas cosas. Y los límites al
Estado y al gobierno solo pueden provenir de fuentes distintas al
gobierno y al Estado mismos. ¿Cuál es una, la principal, de esas
fuentes? La ciudadanía. De nuevo.

El debate parece abierto

Esa es nuestra alternativa. Proporcionar unas herramientas,
horizontales, sin jerarquías, ni jefes o caudillos, sin notables ni
sabios arrogantes, a través de las cuales los ciudadanos, dentro y fuera
de Cuba, ―los cubanos de afuera importan para algo más que enviar o
traer dinero― puedan definir cómo quieren que las leyes expresen sus
derechos, sus inquietudes y el modo en que el Estado y el gobierno debe
tratarlos. Las Mesas de Iniciativa Constitucional a lo largo del país
están funcionando en esta dirección, recogiendo además la demanda,
mediante firmas, de que las nuevas leyes que necesitamos exigen nuevos
representantes directamente elegidos por los ciudadanos. Y eso se llama
Asamblea Constituyente Ahora. Véanos en www.consensoconstitucional.com y
tendrá una mejor idea de nuestra esencia y de nuestros propósitos.

¿Hay otra alternativa? Es probable una desde el Estado, desde lo alto. Y
entonces, ¿pretenderá este ocupar el lugar que por esencia y naturaleza
no puede asumir: el de los ciudadanos? ¿Intentará conducir el debate a
través de las mismas organizaciones, los CDR por ejemplo, que los
ciudadanos pagan exactamente para que los vigilen mientras ejercen sus
derechos, como siempre nos recuerda el líder Leonardo Calvo Cárdenas?
¿Aprovechará la incultura jurídica de la ciudadanía para ofrecer una
reforma precocida, con la excusa técnica de que el pueblo nada ha
conocido, nada ha visto y nada ha escuchado sobre el complejo lenguaje
de los juristas?

A juzgar por la ansiedad de Estado habrá dos alternativas en el
escenario del cambio constitucional en Cuba. Una que reinventa la
ciudadanía, desde los ciudadanos, en el proceso mismo de dotarnos de
nuevas leyes ―democráticas―, buscando una Constitución que, como un
sistema inmunológico fuerte, nos defienda contra todos los vendedores de
milagros, los mesías, los autócratas, los caudillos, los aspirantes a
dictador presentes y futuros que atacarán, como individuos o como
grupos, a la sociedad y sus derechos; y otra alternativa, desde el
poder, que intenta retocar, haciendo más aceptable para nosotros mismos
y para el mundo, nuestra condición actual de súbditos. Unos súbditos con
menos pesadillas sobre sus derechos, dentro de una Constitución que
hablará en nuestro nombre para defender siempre y en última instancia al
Estado.

El debate parece abierto y hay una elección que hacer.

Pero la mejor crónica a escribir del proceso sería aquella en la que el
gobierno cubano ha aceptado el desafío de la competencia de ciudadanos
autónomos, cuyo resultado solo podría desembocar en que estos se
identifiquen con su propia obra. Lo que nunca ha ocurrido en la historia
constitucional de Cuba. Ni en 1901, ni en 1940, ni en 1976.

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