El régimen intenta criminalizar el envío de mensajes telefónicos cuando
no hay nada más legal que brindar información.
martinoticias.com 03 de octubre de 2011
Radio y TV Martí agrieta el muro de la censura en Cuba por medio de
mensajes de textos enviados a celulares.
Nada más humano y legítimo que brindar y recibir información. Pero el
gobierno cubano teme mucho de que su pueblo la obtenga y califica de
delito acceder a ella o divulgarla, y para ello gasta millones de
dólares intentando interferir toda información que no provenga de su
propio aparato de propaganda.
El gobierno cubano olvida, o quiere que se olvide que el artículo 19 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: "Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
La cita viene a colación luego de que el sitio web Cuba Money Project,
del periodista Tracey Eaton señalara que "una compañía de Maryland ha
ganado un contrato –tras una licitación pública en la que participaron
varias compañías- del gobierno de los Estados Unidos para establecer un
sistema capaz de enviar decenas de miles de mensajes de texto cada mes a
usuarios de teléfonos celulares en Cuba que quieren recibir noticias e
información de Radio y TV Martí.
Inmediatamente después que Eaton hiciera uso de todas las facilidades
que propicia la transparencia, y acceso a record públicos en Estados
Unidos, Cubadebate publicó una versión tendenciosa del despacho de
Tracey Eaton realizada por Jean-Guy Allard, quien no descubre ni revela
nada nuevo sino que tergiversa la intención del original.
Jean Guy Allard intenta remarcar la pregunta de una de las contratistas
de si enviar los mensajes es legal o no, a lo que BBG responde que ese
es un detalle resueto por ley
Y tiene razón BBG, Radio y TV Martí existen por la voluntad expresa y
soberana del pueblo de Estados Unidos que a través de sus dos Cámaras
aprobó una ley para su creación y que fuera firmada el 4 de octubre de
1983 por el presidente Ronald Regan (Radio Broadcasting to Cuba Act
Public Law 98-111), por lo que cualquier gestión informativa que no
contravenga lo estipulado está amparada por dicha ley.
No es Radio y TV Martí quien comete un delito al tratar de informar al
pueblo de Cuba. Es el gobierno de Cuba quien viola la ley cuando priva a
la ciudadanía de una información veraz, libre y plural.
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