Una constitución inválida

Una constitución inválida
abril 13, 2016 3:57 am por Roberto Quiñones Haces

Guantánamo, Roberto Quiñones (PD) El seis de abril de 1952 los
estudiantes universitarios cubanos realizaron el entierro simbólico de
la Constitución de 1940 en la Fragua Martiana. Dicen que hasta un ataúd
compraron para la ocasión y que hubo velorio…

El objetivo de los estudiantes era denunciar el golpe militar que el 10
de marzo de 1952 había ejecutado Fulgencio Batista, así como las
restricciones a los derechos civiles y políticos que el régimen había
impuesto.

Lo triste es que una situación similar padecemos hoy. La Constitución
promulgada en 1976 es violada cotidianamente hasta por la propia
Fiscalía General de la República que, por mandato del artículo 127 de la
Carta Magna es el órgano encargado de velar por el estricto cumplimiento
de la legalidad en el país y, consecuentemente, el que debe atender y
responder las quejas de los ciudadanos cuando se produce alguna
violación de sus derechos. Eso es lo que dice la Constitución, pero,
como dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho.

Las revoluciones burguesas legaron al mundo la gran conquista de la
institucionalidad. Los poderes absolutos de los monarcas fueron
sustituidos por los de funcionarios elegidos libremente por el pueblo y,
frente a ese poder ejecutivo, surgieron como equilibrio los parlamentos,
encargados de aprobar las leyes, y los tribunales, cuya función es
aplicarlas e interpretarlas. Así se conforman las democracias, cuyas
esencias se sustentan en las constituciones.

La existencia de las constituciones no implica que automáticamente se
respeten los derechos de los ciudadanos, ni la construcción de un estado
de derecho. Los derechos constitucionales de los ciudadanos se violan en
todas partes del mundo, en ocasiones debido al poder omnímodo de un
gobierno o estado avasallador; en otras, por errores o arbitrariedades
de los funcionarios del gobierno. Las consecuencias y alcance de tales
violaciones se miden por la posibilidad real que tienen los ciudadanos
de obtener una efectiva tutela jurídica de sus derechos.

Allí donde existan instituciones jurídicas independientes y sólidos
mecanismos de defensa, los ciudadanos tienen gran posibilidad de obtener
justicia y reparación ante los abusos del gobierno.

No es el caso de Cuba, un estado de hecho, no de derecho, donde las
orientaciones políticas de sus dirigentes valen más que las leyes y el
acontecer nacional está signado por las contingencias y las decisiones
de un grupo de poder que no ha sido elegido por el pueblo. Aquí no
existe el imperio de la institucionalidad. Cuando estas circunstancias
permanecen, la constitución no es más que un adorno.

En los estados democráticos, las constituciones son fruto del trabajo
consensuado de las diferentes fuerzas políticas que conforman las
asambleas constituyentes, previa elección democrática.

En Cuba, la constitución aprobada en 1975 fue escrita por un reducido
grupo de miembros del Partido Comunista, de ahí su esencia antidemocrática.

Aun así, los escasos derechos que reconoce a los ciudadanos no gozan de
una tutela jurídica efectiva y las pruebas más fehacientes de ello son
las masivas y reiteradas violaciones que sufren los cubanos en cuanto a
la protección de su libertad personal, a la libertad de movimiento por
el país y fuera de él, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho a
un proceso justo, al derecho de queja, a la protección de la propiedad
personal y otros reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Los teóricos castristas criticaron a los legisladores burgueses
imputándoles que nunca promulgaron las leyes complementarias que harían
efectivos muchos de los derechos de la constitución de 1940.Sin embargo,
más de 40 años después de su promulgación, la constitución comunista
carece de leyes complementarias que se encarguen de tramitar las
demandas de los ciudadanos ante presuntas violaciones de sus derechos
constitucionales.

Y es que Cuba no sólo carece de un Tribunal de Garantías
Constitucionales sino que, en el caso del derecho de queja, la Fiscalía
General de la República, institución que por mandato del artículo 127 de
la Constitución de la República tiene la obligación de velar y hacer
cumplir la legalidad socialista y los derechos de los ciudadanos,
independientemente de su posición política, se niega a brindar una
tutela jurídica efectiva a dicho derecho cuando los perjudicados son
opositores pacíficos o periodistas independientes, lo cual demuestra el
frágil estado de la institucionalidad en nuestro país.

Los legisladores castristas todavía no han elaborado leyes
imprescindibles en cualquier país como son las de ciudadanía, prensa,
cultos, derecho de queja, funcionamiento de la policía, cultura y
deportes, por citar solo algunos ejemplos.

Además de las violaciones que apuntamos anteriormente, en Cuba la
discriminación por razones políticas, una de las más degradantes, ha
estado presente en toda la sociedad desde el mismo empoderamiento de las
guerrillas comandadas por Fidel Castro.

Un cubano que no esté plenamente identificado con el castrismo, por muy
honrado, decente y capacitado que sea, jamás podrá disfrutar de los
mismos beneficios que otro ciudadano "revolucionario". El primero jamás
podrá optar por una carrera militar, diplomática, u otra donde se
requiera una indubitable fidelidad al régimen, ni podrá ocupar jamás
algún cargo de dirección en la administración del estado. Quienes logren
graduarse en esas carreras u ocupar esos cargos están obligados a
demostrar durante toda su vida lealtad al régimen castrista o simular
que lo hacen. De no actuar así serán convertidos inmediatamente en parias.

En Cuba no funcionan correctamente muchas de las instituciones del
gobierno y la sociedad. Que los castristas, que son los creadores de la
constitución vigente, sean los primeros en violarla, dice mucho de su
desprecio por la ley y de su incapacidad como gobernantes.
Eso ocurre en un país cuya constitución declara en su artículo 1 que
"Cuba es una República Democrática, organizada con todos y para el bien
de todos, para el disfrute de la libertad política, la justicia social,
el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana".

Esos valores continúan ausentes de nuestra cotidianidad.

Sería más realista, y hasta decente, que el castrismo y sus testaferros,
que no se cansan de declarar que son los que más respetan los derechos
humanos, modificaran la constitución comunista y especificaran que la
república está organizada con todos y para todos los que apoyan al
castrismo. Así, al menos, la actuación de sus organismos, instituciones
y funcionarios sería congruente con lo proclamado en la carta magna.
rojequihacfgos@yahoo.es, Roberto Quiñones

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