Jueves, 01 de Diciembre de 2011 12:24
Luis Cino Álvarez
casa-cubaArroyo Naranjo, La Habana, 1ro de diciembre de 2011 (PD) Hace
una semana advertía en mi blog acerca de la eventualidad de que los
mafiosos de la Dirección de Vivienda, ahora que parecía que con el
Decreto Ley 288 se le iba a poner malo el negocio de sus trapicheos, se
dedicaran a extorsionar a las personas del interior del país sin
residencia legal en La Habana que están obligadas a solicitar su
autorización para realizar cualquier trámite domiciliario en la capital.
Pero casi al tiempo que colgaba mi post, el gobierno anunció (aunque el
decreto estaba firmado desde el 29 de octubre) la flexibilización de las
normas de la migración interna hacia la capital que estaban vigentes
desde 1997.
Ojala el paso de las reformas raulistas siempre fuera más rápido que el
de nuestras críticas. Como por ejemplo, en la eliminación de los
permisos del MININT para viajar, que dicen algunos ya se aprobó, pero
que parece no se atreven a poner en práctica. Pedir audacia y agilidad
sería exigir demasiado a una elite anciana, testaruda y prepotente.
No hay que ilusionarse demasiado con los decretos-leyes del
general-presidente. Por muy esperados que sean algunos de ellos y aunque
nos alivien un poco la asfixiante maraña de prohibiciones y
obligatoriedades, siempre quedan muy por debajo de las expectativas de
la población. Eso, por no hablar del temor a la trampa que uno siempre
espera de Papá-Estado, con su proverbial mezquindad a la hora de
conceder mercedes a sus súbditos.
Ahora mismo, la flexibilización de las normas que limitaban la migración
a la capital que dicen "de todos los cubanos", no significa el fin de la
ley 217 que durante 14 años permitió deportar –muchas veces por la
fuerza- a sus lugares de origen a las personas, fundamentalmente de las
provincias orientales, que no tuvieran el permiso oficial para asentarse
en La Habana. La enmienda deja claro que "se mantienen las causas y
condiciones que en su día motivaron la adopción del referido decreto".
La anunciada flexibilización se limita a exceptuar de las mediciones de
metros y dictamen de habitabilidad por Arquitectura y Urbanismo a los
cónyuges, hijos, padres, abuelos, nietos e hijastros menores de edad del
titular de la casa donde residirán en La Habana, las personas
jurídicamente incapaces y la familia de la persona a la que el estado
entregue un inmueble "por interés estatal o social" (que ya sabemos
quiénes son).
Así, Papá-Estado se arroga el derecho –con lo familiares y querendones
que somos los cubanos, en especial los del campo- de determinar quiénes
son de la familia y quiénes no. Imagino cómo caería la bomba allá por
Mayarí, Alto Songo y Baracoa, cuando supieron que los tíos, primos y
sobrinos, no son tenidos en cuenta en el familión (revolucionario, no
faltara más) digno de morar en La Habana "que no aguanta más".
Las nuevas reglas del juego para vivir en la capital están cantadas. Que
se preparen "los palestinos"-¡vaya nombrete odioso!- que quedaron por
decreto fuera del derecho a vivir en casa de sus parientes a pagar
sobornos a inspectores y funcionarios corruptos para que les abran las
puertas de la capital.
Que no se preocupen los burócratas mafiosos de la Dirección de Vivienda
que con el decreto ley 288 temían quedarse sin tener cómo ni a quién
extorsionar. Los llega y pon que rodean La Habana están llenos de
orientales (se calcula que sean alrededor de 120 mil). Y los que están
por venir en busca de mejores condiciones de vida o simplemente para
reunirse con sus familias, hacen cola en las terminales o avanzan ya,
con sus matules, por las Ocho Vías. Los moradores de las villas miseria,
si no quieren ser extraídos –la revolución, siempre pródiga en
eufemismos, no desaloja, extrae, así sea con buldócers y policías de la
Brigada Especial-, que los monten en un tren o un camión y los envíen de
vuelta a sus poblados y caseríos, tendrán que preparar el bolsillo. Ya
les dirán cuánto cuesta.
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